o cesa. La campaña de calumnias contra los expertos independientes que participan en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa no amaina. Ahora los ataques se han centrado en la abogada Claudia Paz y Paz.

Los enemigos mexicanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pactaron con la fundación de ultraderecha guatemalteca Liga Pro Patria un matrimonio por conveniencia. Su objetivo es difamar a Claudia Paz y Paz y golpear a los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El rabioso anticomunista Steve Hetch, presidente de la liga, lo declaró sin ambigüedad alguna: Si México quiere saber la verdad de lo que pasó con los normalistas, debe cortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión, con el simple hecho de contratar a Paz, quiere decir que no la investigaron (http://goo.gl/9t1bBL).

Entre las causas que enarbola la Liga Pro Patria ocupa un lugar destacado la defensa del ex dictador de Guatemala general José Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra más de mil 700 indígenas ixiles, asesinados por el ejército durante su mandato. Aunque formalmente dice estar en favor del estado de derecho, la liga se opone a que se juzguen las atrocidades perpetradas por los militares durante la guerra civil que vivió aquel país, entre 1960 y 1996.

En el juicio seguido a Ríos Montt en 2013, el ex dictador fue encontrado culpable. Recibió una condena de 80 años de cárcel. Diez días después, en una controvertida decisión, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la sentencia por defectos de forma en el proceso y ordenó un nuevo juicio. Apenas el pasado 11 de enero la misma Corte pospuso de nuevo el juicio hasta que se resuelvan cuatro amparos presentados.

A pesar de que se dio marcha atrás en el fallo, el juicio contra Ríos Montt no tiene precedente. Constituye la primera ocasión en que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en una corte nacional y no en una internacional.

Claudia Paz y Paz desempeñó un papel central en esa causa: era la fiscal general en el momento del juicio. Nacida en 1966, especializada en derecho penal y derechos humanos, la abogada proviene no de los círculos conservadores que tradicionalmente han nutrido el sistema judicial en Guatemala, sino del mundo de los derechos humanos.

Su trayectoria previa al nombramiento de fiscal era impecable. Tenía larga experiencia en la investigación de crímenes y atrocidades de guerra. Fue asesora legal en derechos humanos del arzobispo de Guatemala, consultora de la misión de Naciones Unidas en ese país, investigadora en la Comisión para la Clarificación Histórica de Guatemala, así como directora legal para asuntos de refugiados para el Alto Comisionado de la ONU.

En su labor como fiscal general de Guatemala tuvo éxitos notables. Entre 2010 y 2014 –según la revista Nómada– redujo los niveles de impunidad de 98 a 72 por ciento. Capturó a 90 integrantes del cártel de Los Zetas y a 15 capos. Llevó a juicio a narcotraficantes, militares, políticos y violadores.

Siendo fiscal, la Liga Pro Patria (la misma que vino a México a atacarla a ella y al GIEI en México) y la Fundación contra el Terrorismo presentaron querellas en su contra. Las demandas fueron desestimadas por la Corte Suprema por espurias.

De la mano de la Liga Pro Patria caminan conspicuos integrantes de El Yunque, como José A. Ortega Sánchez y Rafael Herrera Piedra. Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, dijo, sin dar prueba alguna, que Claudia Paz y Paz fue militante del grupo político-militar guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres. Según él, la posición de los expertos de la CIDH no es más que una maniobra político-electoral para impedir que la imagen de Andrés Manuel López Obrador se dañe por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Litigante en asuntos penales, José Antonio Ortega forma parte de El Yunque, la organización de extrema derecha clerical con gran influencia en varias regiones de México. Mediante el consejo que preside, Ortega se ha dedicado a poner en marcha diversas cruzadas judiciales y campañas de estigmatización contra figuras políticas y activistas sociales.

Así lo hizo, por ejemplo, en 2008. Ese año denunció ante la PGR a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, por su probable participación en delitos relativos al terrorismo y por militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los virulentos ataques contra Claudia Paz y Paz –y Ángela María Buitrago– buscan desacreditar a los expertos independientes de la CIDH que trabajan en el caso Ayotzinapa. La guerra sucia en su contra, impulsada también por instituciones educativas como la Universidad La Salle y figuras claves de las cañerías del poder, es evidencia de que están haciendo bien las cosas.

Efectivamente, la desmesura de los infundios contra el GIEI es señal de que su labor camina en la dirección correcta. En altas esferas gubernamentales y mandos militares hay enojo y nerviosismo con sus investigaciones. Como dijo la ex fiscal de Guatemala a Sanjuana Martínez en este periódico: En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente esa noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores.

La participación de Claudia Paz y Paz en la GIEI no puede estar en entredicho. Su capacidad profesional y congruencia ética no están en cuestión. En 2012, la revista Forbes la nombró como una de las cinco mujeres más poderosas cambiando el mundo. Un año después obtuvo el premio de derechos humanos Judith Lee Stronach Human y fue nominada como candidata al Premio Nobel de la Paz. En 2013, en España, recibió el premio Orden de Isabel Católica. En 2014, en Alemania, le fue otorgada la Cruz de Comendador de la Orden del Mérito. Apenas el año pasado se le reconoció con el Civil Courage Prize. ¿Así o más claro? Quienes la denigran escupen al cielo.

Twitter: @lhan55