En México, 23 mil 605 niñas de 10 a 14 años han vivido en pareja, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Casadas, separadas, divorciadas, viudas o en unión libre, las menores han sido víctimas de prácticas tradicionales nocivas, cuya raíz está en la discriminación de género, según considera el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El pasado viernes, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que cada año nacen 6 mil niños, cuyas madres también son menores, pues tienen entre 10 y 14 años.

Ahí claramente hay violencia sexual contra ellas. Cuando son mayores de 16 se podría hablar de que hubo un consenso, pero no a esa edad, sostuvo Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Red Ddeser).

Los embarazos en aquella edad están relacionados con matrimonios forzados, explicó. Y son obligados porque no es posible que unas niñas quieran estar casadas, y con hombres que generalmente les llevan más de 10 años. Eso significa que hubo un consenso entre familias o que se las llevan a la fuerza.

Esos enlaces, ya no se diga los embarazos, reproducen la pobreza, incluso la violencia sicológica, sexual y física. También provocan deserción escolar, ya no terminan la primaria, o acaso la secundaria porque tienen que atender o trabajar por sus hijos, señaló la activista.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entró en vigor en diciembre de 2014, establece 18 años como edad mínima para ambos cónyuges. Sin embargo, aún falta que los códigos civiles de cada entidad sean modificados para prohibir los matrimonios de niñas.

Hasta el año pasado, tan sólo seis de esos reglamentos fijaban –sin excepción– que hombres y mujeres podían casarse después de cumplir 18 años. El resto indica que debe ser cuando cumplan la mayoría de edad, pero con excepciones y dispensas establecen que las menores de edad pueden hacerlo a los 14 o 16 años y los varones a los 16 o 18, de acuerdo con datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El año pasado el gobierno federal lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, pero sin dinero determinado para ese plan y sin aumentar el mismo personal para la prevención, no se está avanzando mucho, consideró Jiménez Patlán.

Aunque es muy buena, a la hora de aterrizarla lo están haciendo muy lento; apenas está llegando a los estados; además, cuestionó, ¿quiénes la van a coordinar en las entidades?, porque si bien hay autoridades progresistas, otros no quieren ni hablar de prevención de embarazo.