El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó suspender el financiamiento que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibe mediante un préstamo de 100 millones de pesos otorgado por el Banco Multiva para cubrir sus multas, que llegan a casi a 600 millones de pesos.

Morena pidió al instituto aplicar medidas cautelares, debido a que hay dudas sobre la legalidad y cumplimiento de diversas normas de fiscalización, pero la Unidad Técnica de Fiscalización le respondió que éstas son improcedentes en términos legales, aunque continúa la investigación al respecto.

El 9 de diciembre de 2015 Morena presentó una queja contra la contratación del crédito bancario entre el PVEM y el grupo financiero Multiva por 100 millones de pesos, al considerar que podrían violar la norma electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento para partidos políticos.

Un aspecto cuestionado por dicho partido consiste en que el crédito se pagará en 36 amortizaciones de capital mensuales consecutivas, que se aplicarán a partir del decimotercer mes, esto es, un año después de la contratación del crédito.

Lo anterior, según Morena, quebranta lo dispuesto por el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Además, el INE incumplió con lo previsto en el mismo precepto, al dejar de validar la razonabilidad de las tasas de mercado que pactaron los contratantes, Partido Verde y Banco Multiva.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, indicó que el Verde no necesariamente debía recibir autorización para contratar el préstamo. Después detalló que es forzoso que avise siempre, pero cuando el partido político presente su informe ordinario, y el correspondiente a 2015 apenas se está reportando, indicó.

El pasado 12 de enero, el instituto electoral informó en un oficio que dio inicio al procedimiento de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/443/2015, pero rechazó aplicar las medidas cautelares.

Es importante mencionar que el partido Morena fundamentó su pedir de medidas cautelares en normas que no otorgan la facultad a la Comisión de Fiscalización para conocer y otorgar las mismas, razón por la cual deviene infundado el pedir de dicho instituto político.

Añadió que la norma aplicable a los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización no prevé la posibilidad de ordenar medidas cautelares, según el acuerdo emitido por el director de la Unidad Técnica de Fiscalización.

La inconformidad de Morena se debe también a que el PVEM solicitó dichos recursos sin requerir necesariamente ese monto. En 2015 fue multado con 597.5 millones de pesos, pero de esta cifra ha quedado firme sólo la cantidad de 185.9 millones.

En tanto, la sanción por 408.5 millones de pesos se encuentra impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Morena argumentó que la sanción administrativa debe resultar en una medida ejemplar, pero pareciera ser que las multas impuestas al PVEM son insignificantes o irrisorias, de tal manera que de nueva cuenta incurre en una violación a la norma electoral en la contratación ilegal del crédito bancario.