Artículo 19 informó que se preparan para hacer frente a recursos interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de la resolución judicial que determinó la pertinencia de abrir el expediente que la Procuraduría de Justicia Militar inició contra elementos del Ejército que participaron en los hechos de Tlatlaya.

Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Derecho al Acceso a la Información del organismo, dijo que están a la espera de que resuelva un tribunal colegiado de distrito o que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como solicitaron los recurrentes.

En entrevista, mencionó que PGR y Sedena contravinieron la sentencia judicial –lo que motivó el desistimiento del Instituto Nacional de Transpaarencia y Acceso a la Información para defender su resolución oficial en favor de la reserva– con el argumento de que la averiguación previa militar de Tlatlaya, que versa sobre delitos del fuero castrense, como indisciplina y desobediencia, no estaba relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

Además de que para la Sedena, añadió, también era cuestionable la decisión de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) de declarar violaciones graves a derechos humanos en este caso.

Ruelas apuntó que debido a que los recurrentes solicitaron la atracción de la Corte, y el caso se encuentra en tribunales, hay riesgo de que la resolución del juzgado primero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal sobre la solicitud de acceso a la información que hizo el grupo de investigación de Aristegui Noticias On Line pueda revertirse.

No obstante, señaló que la resolución es un paso importante que no se puede ver de forma aislada porque marca un precedente sobre las investigaciones en el fuero militar. La construcción de la verdad, añadió, “no se hace solamente a partir de lo que tiene una instancia –en este caso la averiguación previa que resguarda la PGR–, sino lo que tienen tanto la sociedad como el gobierno”.

Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos, consideró que la decisión del juez es pertinente, y que pone a prueba al Poder Judicial.

Resaltó que el caso Tlatlaya reviste enorme importancia, porque apoya la recomendación de la CNDH en este tema. Bajo ninguna circunstancia se justifica que los militares hayan privado arbitrariamente de la vida a personas (22) que se encontraban dentro de la bodega (en ese municipio mexiquense), máxime cuando no estaban oponiendo ninguna resistencia y se habían declarado rendidos.

Señaló que también le permite a la sociedad mayor acceso a la justicia y ayuda a la no repetición de estos casos.

Es importante ver cuáles son los mecanismos que los militares utilizaron durante todo este proceso para ocultar la verdad. Está muy claro que hubo una alteración del lugar de los hechos, lo que afectó desde un primer momento, destacó.