ero no puedo serlo ya que Ziggy Stardust, que me acompañó desde mi nacimiento, se ha ido hace unos días y sólo podré añorar a mis Heroes.
Desde hace varios años el país atraviesa una crisis en cuatro dimensiones. Uno, la crisis económica producto de la caída del precio del petróleo se desvela en toda su magnitud. Impacta a las finanzas públicas y genera desequilibrios macroeconómicos. Como señala Rogelio Ramírez de la O (El Universal, 13/01/16) la crisis mundial le pega a México como país emergente, productor de petróleo y exportador de manufacturas.
Dos, el deterioro del sistema de partidos se ilustra todos los días sin necesidad de encuestas, con el simple comportamiento de los dirigentes de las principales formaciones.
Tres, la crisis de seguridad pública apenas ayer nuevamente puesta en los reflectores por el estudio de Amnistía Internacional. Señala el reportero de esta casa José Antonio Román que la organización internacional de derechos humanos destacó que casi la mitad de las 27 mil 600 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; 3 mil 425 en 2015
. El reporte de AI condensa una larga trayectoria de graves falencias de las instancias judiciales y de seguridad pública del país. A su vez, Iguala además de un crimen execrable, es la expresión plástica de una profunda y larvada crisis del sistema de justicia.
Cuarto, la magnitud de cada una de estas crisis se multiplica con la ausencia de un puente mínimo de confianza de los ciudadanos frente a las autoridades sean o no gubernamentales. Las instancias no estatales como la iglesias, los medios de comunicación o la élite empresarial harían bien en revisar las diversas encuestas de opinión recientes sobre la confianza ciudadana en todo tipo de instituciones, incluidas las antes mencionadas.
En este contexto interesa subrayar dos afirmaciones en el análisis de Latinobarómetro del año pasado. La primera es que lo que antes era una anomalía (como forma de participación en las democracias liberales): la protesta no autorizada, hoy en América Latina es lo usual. La participación es quizá el indicador más duro que diferencia la democracia de tipo liberal, de lo que sucede en la región
.
La segunda es que el sistema pierde capacidad para representar a un ciudadano que está y se siente empoderado a raíz de la tensión entre el acceso y cierto ejercicio de sus derechos individuales y cierta aceptación de un ejercicio colectivo de defensa de esos derechos aunque circunscrito a redes informales pequeñas y cerradas en el núcleo familiar o con vecinos y conocidos.
Eso dos elementos conducen a subrayar la convergencia de movilizaciones “entre los más pobres, los que se sienten más pobres, los que sin ser pobres no están invitados a la fiesta, son ciudadanos empoderados que también tienen motivos para salir a protestar”. Se trata empero de una participación desarticulada
en el sentido que no concluye en formas orgánicas más allá de las pequeñas redes de conocidos o familares a quienes se les tiene confianza.
Pensando cómo reconstruir esa confianza que no existe recordé una larga entrevista que Rodríguez Zapatero concedió a El País hace algunos años. Al preguntársele sobre su declaración en el sentido de que el fin de la violencia no tendrá nunca un precio político pero que la política jugaría un papel importante afirma: ¿qué política contribuye a terminar con la violencia? Ante todo la extensión del deseo de paz, la dignidad de elevar la voz ante lo que supone el más grave atentado a los derechos humanos, que es la utilización del terror y del crimen
.
Esa me parece la actitud que se requiere en México por parte de todos los actores políticos y sociales para emprender, en un año amenazante, el largo camino que conduzca a la reconstrucción de la confianza.
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