especto de la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, el Programa Nacional de Salud 2013-2018 sostiene que, para el gobierno de la República, el derecho a la protección de la salud es un derecho humano, no un derecho laboral. Esta administración está comprometida a lograr que la población esté protegida continuamente por un esquema de aseguramiento público, que reciba atención más homogénea y que haya una operación integrada y con mayor coordinación entre las distintas instituciones de salud. El objetivo final es que las personas reciban atención de salud en cualquier condición, estando sano, enfermo o lesionado, o en rehabilitación continua e integrada, sin importar su condición social o laboral.

Y agrega las siguientes líneas de acción: establecer mecanismos para manejo de riesgos más eficiente; promover en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esquemas financieros que incentiven la inscripción de empresas y personas a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); afiliar o reafiliar al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) a la población sin seguridad social, especialmente aquella que vive en condición de vulnerabilidad; otorgar los beneficios del SPSS a la población cubierta por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; ampliar gradualmente las intervenciones cubiertas por el SPSS; crear mecanismos para la compensación presupuestaria entre instituciones y entidades federativas; preparar al sistema para que la persona usuaria seleccione al prestador de servicios de salud; promover la integración y operación de Consejos Estatales de Salud para la definición de prioridades y seguimiento de programas; impulsar la salud en las políticas públicas a través de la planeación intersectorial; fomentar la participación de beneficiarios en la definición de beneficios y operación del Sistema Nacional de Salud Universal.

Pero para José Antonio González Anaya, director del IMSS, el asunto alude más bien al intercambio de servicios, como los que materializan el convenio IMSS-Chihuahua para que usuarios del IMSS se atiendan en instituciones estatales, intercambiando servicios de cirugía, radioterapia y tratamientos de enfermedades graves. Por su parte, el DIF estatal asumirá la rehabilitación integral. Este enfoque de intercambio también se documenta en el Informe IMSS-2014-2015 como Sistema Nacional de Salud Universal (páginas 301-302).

Lo mismo ocurre en el Issste, donde coinciden autoridades y sindicato. Mientras Luis Godina, entonces encargado del despacho, estimaba que la subrogación es un instrumento para prestar mejor servicio, facilitar la operación, no para sustituir la responsabilidad del instituto, Luis Miguel Victoria Ranfla, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, comunica que lo que se busca es contar con un modelo integral de atención y que el sindicato ha propuesto a la administración realizar inventarios de instalaciones, servicios, equipo y capital humano de todo el sector salud en el país, para que se pudiera entrar al esquema de intercambio de servicios con otras instituciones y cumplir con el propósito que tiene el actual gobierno de tener cobertura universal.

Por su parte, Javier Lozano Herrera, director general de gestión de servicios de salud del Seguro Popular (SP) remata considerando que, frente a los 57.3 millones de beneficiarios de este programa, próximamente (agosto de 2015) la Secretaría de Salud (Ssa) signará un acuerdo con institutos nacionales del ramo y hospitales regionales de alta especialidad para que atiendan a los afiliados del SP en las intervenciones que no pueden ser cubiertas por sistemas estatales de salud, ya sea por falta de infraestructura, tecnología, insumos o por la complejidad de los padecimientos.

Todo lo cual hunde, de inmediato, las necesidades básicas de los abandonados hospitales del segundo nivel de atención, hoy colapsados debido a la sobresaturación de patologías prevenibles y detectables desde los centros de salud de primer nivel. Sobreviven desamparados a su suerte, aunque están en la mira del lucrativo futuro que les asigna la reforma Peña-Mercedes Juan y la alianza público-privada que tanto le demanda el sector asegurador.

Pero Lozano indicó también que esta nueva estrategia de intercambio de servicios es un logro, un camino hacia la universalización, porque esto nos abre las puertas hacia el IMSS y el Issste: éste es uno de los proyectos más relevantes de esta administración. Con tabuladores especiales, agregó, los estados canalizarán a los institutos y hospitales de alta especialidad los recursos que les otorga el gobierno federal. Antes, los institutos no recibían dinero del Seguro Popular, sólo lo referente a gastos catastróficos, no lo que conforma el catálogo universal de servicios de salud, que cubre 285 intervenciones”.

¿Acaso lo que se pretende, entonces, es que tanto IMSS e Issste –con todo y el cuadro de presión financiera y carencias estructurales en que se desenvuelven desde las administraciones de Zedillo, Fox y Calderón– otorguen cobertura en el futuro cercano al total de la población afiliada al Seguro Popular? Y, a la inversa, que los 32 sistemas estatales que opera la Ssa ¿otorguen cobertura total a las derechohabiencias de IMSS e Issste? ¿Se contempla también la participación del sector asegurador para las coberturas complementarias de alta especialidad o cobertura efectiva de las enfermedades crónicas (Miguel A. González Block, Gabriel Martínez, coordinadores; Hacia la cobertura universal de la protección financiera de la salud en México. Tendencias y oportunidades para la colaboración público-privada AMIS-Funsalud, Universidad Anáhuac, mayo de 2015)?

Así, el ambicioso proyecto de universalidad promovido por Funsalud, vía Mercedes Juan, finalmente recaló en la versión reducida de intercambio de servicios, como recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su reciente Reviews of Health Systems, México, 2016.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco