Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes estado de emergencia económica en el territorio nacional por 60 días, prorrogables, con el propósito de lograr una transformación que permita contrarrestar la crisis que afecta al país. El anuncio se dio pocas horas antes de presentar el mensaje anual de su gestión, por primera vez ante un Parlamento de mayoría opositora, a quienes invitó a conversar sobre cualquier tema para buscar la paz en la nación.

El decreto le otorga facultades al gobierno para un mayor control del presupuesto sin contraloría de la Asamblea Nacional, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el propósito de garantizar el abasto de productos y la posibilidad de establecer límites máximos de acceso a moneda local y extranjera, anunció el vicepresidente del área económica, Luis Salas.

El gobierno podrá tomar las medidas oportunas para mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, sostuvo.

Minutos después del anuncio, el Banco Central dio a conocer las cifras del comportamiento económico luego de un año de silencio: el producto interno bruto del país se contrajo 4.5 por ciento entre enero y septiembre de 2015 y la inflación se elevó 108.7 por ciento en el mismo lapso.

La inflación acumulada hasta el tercer trimestre de 2015 fue la más alta desde la crisis financiera de 1996. Según los resultados, la economía del país petrolero tuvo el peor desempeño de América, prolongando la recesión que comenzó a principios de 2014, y también la inflación más alta: un 141.5 por ciento anual a septiembre.

Además, la cesta petrolera venezolana de crudo y derivados cayó 12.5 por ciento y cerró esta semana en 24.38 dólares por barril, informó el Ministerio de Petróleo.

El estado de emergencia entró en vigencia este mismo viernes al ser publicado en la Gaceta Oficial. El decreto será remitido a la Asamblea Nacional (Congreso Unicameral) para su discusión y aprobación y podría ser prorrogable hasta por 60 días más, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Maduro argumenta que requiere poderes especiales para luchar contra la guerra económica de empresarios y políticos opositores, a los que responsabiliza por la elevada inflación, la recesión y la escasez de bienes básicos.

En su mensaje a la nación, el presidente admitió que la crisis es catastrófica, e indicó que llegó la hora de aumentar el precio de la gasolina, la más barata del mundo, en medio de la caída de más de 60 por ciento de los ingresos del país.

Estamos en medio de una tormenta económica ante la cual están confrontados dos modelos. El socialista es el único que protegerá al pueblo, no es el modelo neoliberal que venga a privatizar... Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización, manifestó.

Ante la Asamblea Nacional, que desde que se instaló, hace 10 días, anunció que irá tras una vía legal para cambiar el gobierno”, Maduro se declaró listo y dispuesto para conversar cualquier otro tema que sea necesario por la paz que nos exige Venezuela, diálogo que fue aceptado por la oposición.

Calificó de histórica la composición de la Asamblea Nacional, con una mayoría de opositores por gracia de la Constitución, en medio de una democracia de plenas libertades.

Propuso, por otro lado, una comisión de verdad, justicia y paz como alternativa a una proyecto de ley de amnistía que impulsa la oposición en el Parlamento para la liberación de los políticos opositores presos.

Propongo una comisión nacional de justicia, verdad y paz paritaria, que sea presidida por un venezolano de confianza pública y que establezca las bases legales, jurídicas para ir a un proceso de paz, y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos.

En este contexto, un dirigente oficialista impugnó la elección de un diputado opositor ante el Tribunal Supremo de Justicia, con lo que suman 10 los legisladores de la oposición acusados por el oficialismo de supuesto fraude electoral.