Para evadir el pago de una multa de 88.5 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rescribe la trama de una operación inmobiliaria sancionada por ilegal, dijo el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Ciro Murayama.

Ahora desconoció la firma de Arturo Escobar con la que reclamó una fianza, clave para comprobar el pago de 11.2 millones de pesos realizado con recursos de origen desconocido.

También argumentó que no tiene capacidad económica para cubrir la sanción, porque adeuda 507 millones de pesos, es decir, 156 por ciento de los 323.2 millones recibidos vía prerrogativas. Aunque 322.4 millones siguen en litigio, lo que significa que no se le han descontado, según el recurso que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya copia tiene este diario.

Sin embargo, los argumentos expuestos por el Verde se caen, según las propias declaraciones del partido ante el Ministerio Público Federal (MPF).

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó: tenemos dinero de origen no registrado, por lo menos 11 millones de pesos, y tan lo pagaron que lo dijeron ante el MPF y se lo reclamaron a la afianzadora (Sofimex) en dos ocasiones.

Esto lo llevó a concluir que se trata de una trama de contratos donde quizá no vemos que estén sacando ventaja en un proceso electoral, pero sí el intento de unos particulares de hacer negocios ilegítimamente usando la fachada de un partido.

El instituto sancionó al Verde a mediados de diciembre por tres temas esenciales: recibir ingresos de origen desconocido de los que no informó, hacer gastos no reportados a la autoridad y tener cuentas por cobrar no cobradas.

La enredada historia dio inicio en 2010 y se hizo compleja, porque el PVEM se ha dedicado a rescribir la historia en cuanto el INE encontró elementos para castigarlo, como resumió Murayama.

El partido pagó unas escrituras de las que no había evidencia y el instituto halló que eran de un inmueble recibido por Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero, otrora suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero.

Inquirido al respecto, el Verde argumentó entonces que por error pagó esas escrituras. Luego adujo que de la Mora Torreblanca recibió el inmueble en Iztapalapa al nombrársele deudor solidario para que recuperara un adeudo por 763 mil 599 camisetas que no fueron entregadas por la empresa Grupo Textil Joad, cuyo socio era hermano del ex vocero del Verde Adrián Escobar y Vega, y el dueño, Jorge Alberto Peralta Casal.

En el recurso interpuesto por el Verde ante el TEPJF (el 6 de enero) señala que en fecha 3 de abril de 2009 se ingresa a la afianzadora un escrito falso (ya que no emanó de este instituto político y, además, la firma no corresponde) a nombre de Arturo Escobar y Vega para solicitar el pago de la fianza contraída por Jorge Alejandro Peralta Casal.

En su intento por demostrar lo anterior entregó un dictamen pericial en materia de grafoscopía expedido por Juan Marcos Morales Guzmán, de fecha 18 de diciembre, donde se determina que el escrito de abril de 2009 contiene una firma realizada por medio de una falsificación por imitación servil.

El Verde también defiende el nombramiento de De la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero, como deudor sustituto, y el consejero explicó que dichas figuras pueden valerse en algún lado, pero están acotadas en el Código Penal, razón por la cual se dio vista a la Procuraduría General de la República.