Palma de Mallorca.

Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se convirtió este lunes en el primer miembro de la casa real española en sentarse en el banquillo de los acusados imputada por fraude fiscal, por presunta colaboración con su marido Iñaki Urdangarin en una trama de malversación de fondos públicos conocida como el caso Nóos.

En la primera sesión de un macrojuicio, tanto su abogado Jesús Maria Silva como el fiscal Pedro Horrach desplegaron una serie de argumentos ante tres magistradas de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, y pidieron que sea exonerada del juicio.

Cristina y su esposo llegaron al tribunal para el comienzo de un juicio histórico en el que, por primera vez desde la restauración de la monarquía, en 1975, un miembro de la familia real enfrenta cargos penales.

La defensa recurrió, como se esperaba, a la doctrina Botín, precepto jurídico que el Tribunal Supremo fijó para que nadie sea juzgado por delitos fiscales si no es acusado por la Fiscalía o la Abogacía del Estado.

Cristina, de 50 años, enfrenta una petición de pena de ocho años, pero únicamente por una acusación popular emitida por la asociación Manos Limpias, dado que ni la Fiscalía ni Hacienda actuaron en su contra, y ahí radica su esperanza de escapar al juicio.

La pesadilla de los grandes juristas es llegar a juicio bajo la acusación sólo de la acción popular, manifestó Silva, mientras un grupo de manifestantes gritaba a la puerta del tribunal: ¡Los Borbones, a los tiburones! y ¡España, mañana, será republicana!

Horrach argumentó: la única respuesta judicial posible para la imputada es el archivo, lo contrario sería discriminarla.

Cristina e Iñaki Urdangarin no hicieron declaraciones durante la audiencia, mientras sus abogados y la defensa de otros 16 acusados presentaron argumentos para tratar de excluir a sus clientes de los procedimientos y retirarles los cargos.

La sesión, dedicada a cuestiones de procedimiento, duró casi 13 horas, con algunas pausas. El juicio se reanudará el 9 de febrero y el tribunal, compuesto por tres magistradas expertas en juicios de corrupción, anunció que ese día a más tardar decidirá si se juzga o no a la acusada.

La segunda hija de Juan Carlos enfrenta cargos por dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros (6.5 millones de dólares) realizada por Urdangarin y su ex socio Diego Torres.

Ambos son sospechosos de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia por medio del Instituto Nóos, la entidad deportiva sin fines de lucro que dirigían. Los beneficios fueron supuestamente desviados a empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad del matrimonio.

Tanto Urdangarin como Torres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de dinero. Los fiscales piden 19 años y medio, y 16 años y medio de cárcel, respectivamente.

Durante la instrucción, Urdangarin siempre se esforzó por desvincular a Cristina, a Juan Carlos I y a la casa real de todos sus negocios.

Sin embargo, Torres siempre defendió que el anterior rey estaba al corriente de la actividad de Nóos, por lo que su defensa pidió de nuevo que Juan Carlos I y Felipe VI comparezcan como testigos, algo que la justicia ya había denegado.