La secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) tiene un presupuesto para este año de 220 millones de pesos, que serán destinados sólo a gastos administrativos.

La instalación del organismo, el pasado 2 de diciembre, refleja el interés del gobierno federal por la infancia, pero éste aún no tiene la claridad de que se necesita dinero para crear políticas públicas que beneficien directamente a los menores.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que antes del 30 de abril deben haberse instaurado los 32 sistemas estatales en la materia, pero ningún gobernador ha otorgado fondos, pues lo consideran un mero acto protocolario.

El primero de septiembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la propuesta de ley general de los derechos de la infancia y la adolescencia, del cual se deriva el Sipinna. El mandatario juzgó que no era necesario asignarle recursos públicos. Y todo el año pasado no lo hizo, sino tres días antes de la instalación de la secretaría ejecutiva, cuyo titular es Ricardo Bucio Mújica, sostuvo Pérez García.