Monterrey, NL.

El corresponsal de Cable News Network (CNN) en esta ciudad, Víctor Badillo Guerrero, denunció que a raíz de que emprendió una investigación sobre contrabando de medicamentos ha recibido amenazas contra él y su familia de parte de uno de los involucrados, quien además lo denunció por difamación ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El reportero solicitó la intervención de la organización internacional de apoyo a periodistas Artículo 19 para defenderse del empresario Javier Cano Sánchez, propietario del billar El Tívoli y proveedor del sector salud en varios estados, señalado además por supuestos nexos con el crimen organizado.

El corresponsal se acogió la mañana de ayer al mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con la investigación que desde hace nueve meses encabeza Badillo Guerrero, el empresario aparece como proveedor de una red clandestina de distribución de medicamentos que ha facturado cerca de 200 millones de pesos en varios estados, entre ellos Nuevo León.

El 30 de diciembre pasado Cano Sánchez envió al periodista de CNN mensajes por teléfono celular. En uno señala ahora me toca a mí, con una fotografía de la esposa del periodista. En los demás envió imágenes de la familia del reportero con insultos y amenazas.

Jesús Mario Durán Sanabria, abogado de Badillo Guerrero, explicó: “Cano Sánchez acusa a Víctor de que lo difama por compartir en su cuenta de Facebook una noticia que publicó el semanario Reporte Índigo. En estricta apreciación legal, no hay ninguna responsabilidad. Sería tan ridículo como denunciar al que vende el periódico por las noticias que vienen impresas”.

Carlos Treviño Vives, abogado de la ONG Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, quien también acudió al citatorio, destacó: “Criminalizar el uso de las redes sociales es grave. Se pretende castigar un tuit o un estado de Facebook. Estamos hablando de libertad de expresión”.

El 6 de enero Badillo Guerrero acudió a un citatorio judicial en la delegación de la PGR en Apodaca, donde se le acusó por reproducir en sus cuentas de Facebook y Twitter una investigación contra Cano Sánchez publicada en octubre de 2008 en el semanario Reporte Índigo y que después retomó la periodista Lydia Cacho en su blog Las tres y un cuarto.

Según la investigación, el empresario habría usado sus influencias para que en septiembre de 2008 la juez novena de lo familiar, Luz María Guerrero Delgado, acompañada de policías, sacara a los dos hijos de Cano Sánchez de las oficinas de Alternativas Pacíficas, organismo civil que apoya a víctimas de violencia familiar.

El expediente señala que la ex esposa del empresario, Mónica Alejandra Manzo Baschwitz, lo acusó de haber abusado sexualmente de sus hijos y éste la amenazó a ella y a su abogado, Ricardo García Treviño, con mandar matarlos, aprovechando su presunta relación con Ricardo Almanza Morales, jefe de plaza de Los Zetas en Nuevo León.