l Parlament de Cataluña (Poder Legislativo) invistió ayer, por mayoría de 70 votos a favor, 63 en contra y dos abstenciones, a Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat, el Ejecutivo de esa próspera región del noroeste de España. El político catalán, correligionario del ex presidente Artur Mas, se comprometió a dar continuidad al proceso catalán que, de acuerdo con la hoja de ruta trazada por las fuerzas secesionistas, debiera culminar con la proclamación, en 2017, de una Cataluña independiente y republicana. El recién designado mandatario se refirió a su gestión como un periodo excepcional de posautonomía y preindependencia.

De esa forma, las fuerzas políticas que pugnan por la separación catalana del resto de España lograron sortear las dificultades que se habían configurado para la formación de un nuevo gobierno: el neoliberal Artur Mas, de la coalición Junts pel Sí, se mostraba aferrado al poder y su continuidad resultaba inaceptable para la izquierdista Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

No obstante, el hecho de que esas fuerzas hayan salvado el escollo inicial de designar un presidente, el arribo de Carles Piugdemont a la Generalitat, no alcanza para superar la polarización en Cataluña en torno al proyecto independentista; por el contrario, la evidencia y acentúa. Las dificultades de la CUP y Junts pel Sí para lograr un acuerdo parlamentario, y el hecho de que la elección de Piugdemont se haya producido in extremis –a unas horas de que venciera el plazo legal para conformar un gobierno, so pena de convocar a nuevas elecciones–, dan cuenta de que la mayoría legislativa pro independentista es frágil. Por lo demás, lo apretado de la votación –72 sufragios a favor contra 63 en contra– es representativo de la división existente entre la población catalana en torno a la independencia de esa región, lo cual había quedado de manifiesto ya en las elecciones autonómica de septiembre pasado, cuando las fuerzas soberanistas lograron un respaldo de 40 por ciento de los sufragios.

El bando españolista, por su parte, no se encuentra tampoco en buena posición para librar la batalla contra la independencia de Cataluña, toda vez que el país está en vilo tras los resultados del pasado 20 de diciembre, que dejaron a los dos principales partidos españoles, el Popular y el Socialista Obrero Español, en la imposibilidad de formar por sí mismos un gobierno nacional. La cerrazón tradicional del gobierno de Mariano Rajoy, por un lado, y del PSOE, por el otro, abona a la reducción de esas fuerzas políticas a un papel meramente testimonial en Cataluña y ratifican la inoperancia de la institucionalidad española actual para hacer frente a realidades políticas ineludibles, como son las reivindicaciones independentistas en regiones de la península ibérica.

Lo cierto es que, cualquiera que sea el resultado de los enjuagues políticos que se desarrollan en el Congreso español con miras a definir quién ocupará La Moncloa, el próximo gobierno del país europeo tendría que anotar en su lista de prioridades la realización de modificaciones constitucionales necesarias para permitir que las nacionalidades que coexisten en su interior puedan ejercer sus derechos colectivos, incluido el derecho a la autodeterminación.