Buenos Aires.

Diecisiete personas lesionadas por balas de goma y gases lacrimógenos fue el resultado este viernes de una feroz represión de la policía de La Plata, provincia de Buenos Aires, contra decenas de despedidos, quienes exigían hablar con el intendente Julio Garro, de la gobernante alianza derechista Cambiemos, el cual ordenó la acción policiaca. Cuatro heridos están internados, entre ellos una mujer que recibió ocho perdigones en la espalda.

El secretario general de la Central Argentina de Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró que son más de 12 mil los empleados despedidos por el gobierno de Mauricio Macri y que 98 por ciento de ellos fueron contratados (muchos desde hace años), por lo cual es que falso sean ñoquis (empleados que cobran salario sin realmente llevar a cabo funciones).

Advirtió que no pueden existir 12 mil ñoquis en tres o cuatro dependencias del Estado. No se pueden usar pretextos falsos para achicar la planta de personal y extender la ola de despidos, añadió Hugo Yasky, quien se puso en comunicación con la Confederación Sindical de las Américas para pedir que constituya una misión especial en Argentina que analice dichos despidos.

Denuncia ante la OIT

También la CTA presentará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para intentar enmendar esta injusticia que se está produciendo con miles de empleados estatales. “Se pretende demonizar al trabajador estatal y confundir a la opinión pública entre el contratado y el ñoqui.”

En el caso de los más de 600 trabajadores del Centro Cultural Kirchner, el gobierno argumentó que han sido nombrados este año, pero los delegados recordaron que esa institución comenzó a funcionar este año y que todo el personal fue seleccionado específicamente, como se demostró en todo lo realizado en el lugar desde su inauguración.

En siete meses el Centro Cultural Kirchner llevó a cabo 2 mil 300 actividades, con 6 mil artistas y más de 750 mil espectadores, recordaron los trabajadores.

Un ejemplo que citan todos es el caso de los despedidos del Senado, cese que decidió la vicepresidenta Gabriela Michetti, entre los cuales figuran 100 discapacitados que eran parte de un programa social. La funcionaria que decretó las rescisiones debió reinstalar a éstos ante las denuncias de diversos sectores.

Yasky propone formar una comisión para revisar los despidos. Me parece que no corresponde el procedimiento, porque es de una brutalidad inadmisible: tiran la perdigonada y una vez que están en el piso van a buscar los documentos para ver quiénes son, aseveró el dirigente sindical.

El repudio contra la represión y los despidos se generaliza no sólo por sindicatos y gremios, sino por organizaciones sociales y humanitarias.

Legisladores de la provincia de Buenos Aires resolvieron interpelar al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para que explique el accionar de las fuerzas de infantería de la provincia de Buenos Aires.

Los dirigentes gremiales denunciaron también el ocultamiento que hacen los medios hegemónicos de esas represiones, como sucedió recientemente con despedidos de una empresa privada en Ezeiza, donde hubo una acción similar a lo de este viernes.