Saltillo, Coah.

Entre 2008 y 2011 más de 150 personas fueron asesinadas por células del crimen organizado dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras, según una investigación que desarrolla la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a la que La Jornada tuvo acceso.

Según el expediente del caso, la mayoría de las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia y fueron secuestradas en distintos municipios de la zona norte de Coahuila y llevadas al Cereso de Piedras Negras, donde las mataron internos y personas en libertad que tenían acceso al inmueble.

No hay indicios de que los occisos hayan sido sepultados dentro del penal. En 2014 y 2015 la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas en Coahuila hizo revisiones de campo en los patios del reclusorio y no encontró información para asegurar que el lugar se convirtió en cementerio clandestino.

Restos de tambos, combustible...

Sin embargo, de manera extraoficial se supo que policías y militares hallaron evidencias, como restos de tambos de acero y de combustible, de que el lugar pudo ser utilizado para incinerar y desaparecer a personas.

Según las investigaciones, en el asesinato masivo participaron al menos ocho de los 131 reos del Cereso de Piedras Negras, que el 17 de septiembre pasado se fugaron con la ayuda de sujetos armados que irrumpieron en el lugar en camionetas y camiones.

Las autoridades descubrieron que la fuga fue planeada por Los Zetas para reforzar sus células en municipios de la zona norte del estado y de otras entidades como Veracruz y Tamaulipas.

El 24 de septiembre de 2015 la PGJE informó en un comunicado que agentes de la Policía Investigadora del Estado recapturaron a uno de los fugitivos y a esa fecha 79 de los evadidos fueron reaprehendidos y otros 19 murieron en distintos enfrentamientos a balazos con policías o elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, y de la Secretaría de Marina Armada de México.

De la información obtenida hasta ahora se advierte además la participación en estos hechos delictivos de reos fugados en septiembre de 2012, entre éstos ocho que han sido recapturados y se encuentran internos en centros penitenciarios federales del país en los estados de Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, dijo una fuente de la procuraduría, vinculada con la investigación.

El expediente contiene declaraciones de ex funcionarios públicos de las áreas de seguridad en el gobierno de Coahuila y en los de varios municipios de la región norte del estado.

En las declaraciones sobre estos hechos consta la participación directa de sujetos que operaban como mandos para grupos delincuenciales en esa región de Coahuila y que acudían al Cereso para llevar a cabo u ordenar estos hechos (los asesinatos).

La procuraduría estatal tiene además testimonios de internos del Cereso que están relacionados en forma directa con el caso.

Ofrecen dinero por implicados

El gobierno de Coahuila ofreció 300 mil pesos de recompensa a quien proporcione información fidedigna que lleve a la detención de Juan Rafael Arredondo Oviedo, Bertha Rosario Téllez Vega, y Ricardo Díaz Miranda, quienes tienen órdenes de aprehensión por secuestro.

Los tres están relacionados con la desaparición de personas en Allende, municipio de la zona norte de Coahuila, donde Los Zetas desaparecieron a un número no determinado de personas, 300 de acuerdo con el alcalde Reynaldo Tapia y 28 según el procurador Homero Ramos Gloria.

“A Juan Rafael Arredondo se le identifica como integrante de la organización criminal Los Zetas, mientras Rosario Téllez Vega y Ricardo Díaz se desempeñaban hasta 2011 como oficiales de la dirección de seguridad pública en el municipio de Allende y según varios testimonios prestaban sus servicios a la delincuencia organizada.

“Los tres están involucrados con la privación de la libertad y muerte de 28 personas en el municipio de Allende en marzo de 2011 y las órdenes de aprehensión en su contra fueron giradas en junio de 2015.

La información para ubicar su paradero puede ser dada a la PGJE a los teléfonos de la Subprocuraduría para la investigación y búsqueda de personas no localizadas 8441500770 o al sistema de emergencias 066, y será de forma confidencial, señaló el gobierno estatal en un comunicado.