Niños y adolescentes no fueron incluidos en el proyecto de ley sobre desapariciones a pesar de que muchos han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado, señaló ayer Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Se estima, apuntó en conferencia de prensa, que entre 25 mil y 35 mil menores son narcoexplotados.

Antes de que el Ejecutivo federal enviara su propuesta de legislación al Senado, integrantes de diversas organizaciones sociales se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para explicarles que era necesario incluir a los menores. Sin embargo, sus argumentos no fueron considerados. Ahora, confiamos que en la Cámara les corrijan la plana, indicó el activista.

Pérez García precisó que los niños o adolescentes son utilizados, principalmente, como informantes y en menor medida como sicarios o para fabricar drogas. Mientras que muchas jovencitas son destinadas a ser novias de narcotraficantes.

El incremento en el número de desapariciones de niñas menores de 17 años es alarmante, advirtió: de 2012 a 2014 subió 191.8 por ciento. El aumento en el caso de los varones del mismo grupo de edad fue de 14.6 por ciento. Datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas identificaban, hasta enero del año pasado a 6 mil 725 niños y adolescentes.

En el país, los niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado que logran escapar no son tratados como víctimas y mucho menos tienen derecho a la reparación del daño. Al contrario, algunos son juzgados y recluidos en centros para menores de edad. Desde 2011 el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano desarrollar programas de desvinculación, como sucede en África o Colombia, donde aquellos que fueron enganchados por grupos armados están protegidos por la ley, recordó Juan Martín Pérez.

Es imprescindible que incorporen un capítulo dedicado a la niñez y la adolescencia porque no se puede abordar de la misma manera la desaparición de un adulto, expuso. La prioridad, cuando no aparecen, deben ser los menores de edad.