Guadalajara, Jal.

Con maquinaria pesada, el consorcio minero Peña Colorada, propiedad de la empresa italo-argentina Ternium, invadió el predio de 50 hectáreas del pastor nahua Félix Monroy Rutilo, quien ha librado una larga lucha judicial para evitar que lo despojaran de su parcela, ubicada en el ejido de Ayotitlán, en una zona que pelean Jalisco y Colima, denunciaron organismos defensores de los derechos indígenas.

Monroy Rutilo es uno de los pocos propietarios que aún se resisten a la invasión de Peña Colorada en la comunidad Los Potros, en las inmediaciones del cerro de Los Juanes. La noche del martes la minera allanó el predio y está destruyendo cultivos, árboles y cercos colocados hace 40 años.

El predio cuenta con un ojo de agua y vestigios prehispánicos y ha pertenecido por generaciones a la familia Monroy, pese a lo cual, según la denuncia, el comisario ejidal de Ayotitlán, Ernestino Ciprian, habría dado permiso al consorcio minero para realizar trabajos de limpieza.

Hace años el hijo y el padre de Monroy fueron asesinados en sendos ataques. Ambos crímenes siguen impunes. Pese a ello, se ha negado a vender sus tierras, lo cual le ha valido multas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría General de la República debido a denuncias de la minera de supuesta deforestación.

La Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, la Unión de Pueblos de Manantlán y el Instituto de Derecho Ambiental, que han apoyado la lucha de los nahuas del sur de Jalisco, exigieron a los gobernadores Aristóteles Sandoval, de Jalisco, y Ramón Pérez Díaz, de Colima, detener las agresiones a los indígenas que viven en la codiciada región, rica en minerales y bosques.

El 15 de diciembre pasado agentes de la Fiscalía General de Jalisco detuvieron a dos líderes nahuas que se resisten al despojo de tierras, Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López, en cumplimiento de una orden de aprehensión contra 20 personas emitida por un juez de Cihuatlán, Jalisco, la cual finalmente fue suspendida.

También ha sido frecuente el acoso judicial contra otros líderes, entre ellos Gaudencio Mancilla Roblada, vocero del Consejo de Mayores de los nahuas, quien estuvo detenido hace unos años por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.

En octubre de 2013 otro opositor a la minería y el saqueo forestal, Celedonio Monroy Prudencio, fue secuestrado en su domicilio, en el ejido de Ayotitlán, sin que hasta la fecha, y pese a las supuestas indagatorias oficiales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se conozca su paradero.