arece que nos enfrentamos con el dicho popular que reza: El que parte y comparte se queda con la mayor parte, que aplicado a la distribución de recursos públicos resulta ser una tragedia. Los individuos de los órganos que distribuyen el dinero del Estado se comportan de acuerdo con el llamado egoísmo inercial y no hay un mecanismo institucional que vea por el bienestar público y se los impida.

Las razones para justificar esos desembolsos son poco menos que delirantes, como los diputados federales, que se aprobaron 20 millones de pesos para cada uno de los 500, con el argumento peregrino de que debían cumplir compromisos de campaña. Esa bolsa suma la exorbitante cantidad de 10 mil millones de pesos. En realidad, fue una retribución por haber aprobado el presupuesto del Presidente sin cuestionar nada (Porfirio Díaz le decía maiceo). Es un caso de corrupción legal, porque los encargados de definir la legalidad (los diputados) hacen uso privado de recursos públicos.

En esa lista están además los bonos discrecionales y la sobrecarga de prestaciones. Los bonos son dispositivos de control a cuenta de nuestros impuestos. La sobrecarga de prestaciones es un mecanismo tramposo para que los burócratas se hagan de prestaciones que tienen su origen en los derechos sindicales, pero calculados con salarios de funcionarios. Todo es corrupción legal, trampas y ventajas ilegítimas por la posición donde se ubican; hacen del servicio público un botín; son piratas de cuello blanco que sonríen durante las campañas.

¿Hay solución a este abusivo saqueo? Como es una medida ilegítima pero legal, una manera es imposibilitar estas prácticas al dar participación a los afectados (los ciudadanos) en las decisiones sobre la distribución de los presupuestos. Otra medida es prohibir que alguien determine sus propios ingresos. Se trata de los presupuestos participativos y de las normas contra la autorreferencia administrativa.