l mismo día que apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó la Secretaría de Cultura (17/12/15), se publicó en La Jornada un desplegado en su contra y en apoyo
al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es decir, fuera de tiempo y, como dijera uno de los firmantes que respeto mucho, apresurado. Se trató de un pronunciamiento suscrito por decenas de académicos mexicanos y de otros países que, por la coincidencia de la fecha de publicación de ambos documentos, difícilmente podían haber conocido el decreto en su versión oficial.
Lo que llamó poderosamente mi atención de dicho desplegado fue que se basó, según dijeron los signatarios, en la iniciativa y no en la ley que resultó de ella. Pero no sólo lo anterior, sino que se afirmara que del análisis que hicieron resultó evidente el propósito de concesionar el patrimonio cultural a manos privadas
. Leí de inmediato el texto del decreto y no encontré ninguna evidencia de que el propósito de la Secretaría de Cultura (SC) fuera el afirmado en el pronunciamiento. Ese mismo día pregunté a varios de los firmantes en qué parte del decreto se decía tal cosa y, lejos de contestarme directamente, me sugirieron la lectura de análisis previos publicados en diferentes sitios… referidos a la iniciativa del 8 de septiembre y no al Diario Oficial. Lo más grave es que muchos de quienes estaban de acuerdo con el desplegado después de su publicación tampoco conocían el decreto, según pude comprobar en varias conversaciones en los días siguientes.
En relación con el INAH el desplegado no fue más preciso que sobre la SC. Al contrario, se afirmó que se le restaban funciones, autonomía y vinculación orgánica con el sector educativo y los movimientos sociales. Si los abajofirmantes se hubieran esperado a conocer el decreto publicado en el Diario Oficial habrían advertido que el INAH mantiene, explícitamente, personalidad jurídica propia y que en lugar de depender de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dependerá de la SC. En la Ley Orgánica que creó el INAH se decía (artículo 6) que el director general del instituto será nombrado y removido libremente por el secretario de Educación Pública, y en el decreto se dice lo mismo, pero se sustituye secretario de Educación Pública por secretario de Cultura, por lo que no pierde autonomía que en realidad es relativa, como la del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y no como la de la UNAM. Ésta no guarda relación subordinada a la jerarquía del gobierno federal, sea a la SEP o a la SC, en tanto que el IPN y el INAH sí. Sus funciones siguen siendo las mismas y tampoco pierde vinculación con el sector educativo ni con los movimientos sociales. De hecho, el artículo 4 transitorio dice textualmente: El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública
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Varios de mis entrevistados me dijeron que uno de los problemas sería que como trabajadores del INAH dejarían de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Es muy probable que tengan razón, pero no logro entender por qué esa pertenencia es importante si ha estado en manos de dirigentes tan cuestionables como Carlos Jonguitud, Elba Esther Gordillo y Díaz de la Torre. Yo vería en esta coyuntura la oportunidad de formar un sindicato diferente y, de paso, democrático.
Se dijo también en el pronunciamiento que la iniciativa de la SC partió de una perspectiva limitada de la cultura
, y ¿cuál sería una perspectiva no limitada de la cultura? Lorenzo Meyer escribió en Reforma (24/12/15) que la materia a administrar por una Secretaría de Cultura es, en principio, tan amplia que ninguna burocracia la podría abarcar
. Y a mí me parece que en esto tiene razón, pero lo mismo podríamos decir de la materia a administrar por cualquier secretaría, sea de agricultura, de educación, de energía, etcétera. Un Estado, incluso absolutista, no puede abarcar todo, ni siquiera al ser caracterizado como totalitario. ¿Qué es la cultura y cuáles sus límites? Imposible aceptar una definición o establecer límites, como tampoco en otras áreas del conocimiento. Sin embargo, a mí me parece que elevar la promoción y coordinación de la cultura al nivel de una secretaría es un avance, al igual que lo sería en el campo de las ciencias y las tecnologías (que por ahora es, como antes Conaculta, un consejo, el Conacyt). Y, por cierto, los que critican que se separe en dos dependencias la educación y la cultura, no han dicho nada de la separación existente entre educación y ciencia al haberse creado el Conacyt en 1970 (antes que Conaculta), un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa.
Finalmente, una pequeña reflexión sobre la izquierda en relación con los actos de gobierno. Lo menciono porque la mayoría de los abajofirmantes son o se dicen de izquierda, además de académicos. Si la izquierda critica un acto de gobierno como la creación de una Secretaría de Cultura, con base en lo que no es sino en lo que se le supone, incluso en intenciones, corre el riesgo de perder credibilidad. Debatamos, sí, pero bien informados y para perfeccionar lo que hay o, todavía mejor, antes de que el objeto del debate sea un hecho consumado.
