Creada en 1992 para atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene limitaciones en su actuación, porque carece de autonomía, tiene escaso presupuesto y pocos inspectores.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), consideró que la procuraduría es aún insuficiente para transitar hacia la legalidad y el estado de derecho tan anhelado en este país en materia ambiental. La funcionalidad de la Profepa no ha sido la esperada desde su creación, y su eficacia y eficiencia no son necesariamente las mejores, en función de elementos que no le permiten asegurar plenamente que la legislación ambiental se cumpla y se haga funcionar adecuadamente, consideró.

El actual titular del organismo, Guillermo Haro, consideró que sí ha tenido incidencia en la conservación. Apuntó en entrevista que la historia de la prioridad del medio ambiente en el país y el mundo, no tiene más de 50 años. Las primeras instituciones que se crearon tenían que ver con el mejoramiento de la calidad del aire; era una subsecretaría, ha habido un gran esfuerzo normativo, de formación de instituciones, de funcionarios que la Profepa ha conservado.

Aseveró que la mayoría del personal inició junto con la Profepa, con gran experiencia; el reto es que tengan mejor equipo y capacitación. De 32 delegados, ha habido cambios en 15 y han sido promociones internas. Tres de cuatro subprocuradores vienen de casa, empezaron como inspectores.

Sólo hay 750 inspectores en el país

Alanís estimó que los problemas de la Profepa se deben a la pobreza presupuestaria con la que se mueve una institución de esa naturaleza. Cuenta con unos 750 inspectores para todo el territorio nacional, pobre infraestructura para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales, las cuales no siempre están bien redactadas o se contraponen entre sí, explicó.

También enfrenta dificultades para su función, porque no siempre hay voluntad política para hacer cumplir las normas, hay desconocimiento de la legislación ambiental por inversionistas y desarrolladores, jueces y magistrados, legisladores y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, abundó.

Resumió que una multiplicidad de factores no han ayudado a avanzar en una mejor aplicación y cumplimiento efectivo de la normatividad ambiental, lo cual genera gran impunidad, que la naturaleza no se merece.

Se requiere una Profepa fuerte, sólida, eficaz y eficiente que evite posibles conflictos de interés al poder convertirse en juez y parte en algunos casos, que cuente con suficientes recursos financieros para hacer su trabajo, con más inspectores bien pagados que puedan estar al pendiente de lo que pasa en los 2 millones de kilómetros cuadrados del país, que imponga sin temor multas altas y ejemplares a los que no cumplen con la ley, señaló Alanís.

Hay quejas del sector forestal campesino por la actuación de la Profepa, pues considera que centra su acción en las operaciones forestales legales y poca al combate de los mercados ilegales, que operan en los centros urbanos de distribución de madera. Esto ha llevado a que quienes realizan actividades legales en los bosques sean sometidos a una vigilancia intrusiva y excesiva, indica un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.