En la actualidad sólo en 25 por ciento de los estados, las entidades superiores de fiscalización cuentan con independencia total para auditar el gasto de sus respectivos gobiernos estatales y municipales, pues en la mayoría aún se encuentran limitados por el marco jurídico que favorece la prevalencia de un poder excesivo en las comisiones de los respectivos congresos, señala un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el reporte advierte sobre la necesidad de que en el contexto de la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, se reduzcan los altos riesgos de duplicidad de funciones entre el nivel federal y los entes locales, a raíz, en gran medida de la importante proporción de recursos que ejercen las entidades provenientes de las transferencias federales y que alcanzan cerca de 50 por ciento del total de su gasto.

Tanto los fondos federales como los estatales pueden usarse para financiar ciertos programas, lo que hace inevitable una auditoría duplicada de ciertos gastos. Un segundo estrato de duplicación tiene que ver con el tipo de auditoría realizada. Un programa sencillo puede estar sujeto a verificaciones de cumplimiento y financieras, dice el documento.

La ASF considera la necesidad de estrechar mecanismos de colaboraciones entre actores federales y estatales, a partir de mecanismos que el propio SNF prevé formalmente como la tan necesaria coordinación horizontal en todo el gobierno, que favorezcan una mejor fiscalización y reduzcan la duplicación, entre ambos niveles de fiscalización.

Al explicar sobre la falta de independencia de algunas entidades fiscalizadoras, la ASF cita los estudios del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Mexicano de Competitividad, que se abocaron a revisar los aspectos institucionales de los organismos estatales de fiscalización, en 10 temas estratégicos, entre ellos, la independencia.

Sólo en ocho estados cuentan con una legislación que establece la independencia total (Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), lo que implica, libertad en el orden técnico, administrativo, organizacional, funcional y judicial. En algunos estados –dice el documento de la ASF– la legislatura puede aprobar las regulaciones internas de los organismos o decidir sobre la indemnización de daños a las finanzas públicas.

Tras los factores determinantes

Otra deficiencia detectada a partir de cuestionarios entre funcionarios de los organismos estatales fiscalizadores radica en que los estados cuentan con muy poca autonomía para determinar sus prioridades fiscalizadoras a estas auditorías que los estados y municipios afrontan. De ahí la importancia de analizar más a fondo cuáles son los factores determinantes que se requieren para lograr una independencia y autonomía a escala estatal, así como las maneras de resolver cualquier tema para garantizar el funcionamiento independiente de estos organismos, según se recoge en el documento de la ASF.