erminó la primera fase de la evaluación al desempeño docente. El saldo inicial parece más un parte de guerra que una jornada pedagógica: miles de policías federales fueron trasladados a diversos estados del país para garantizar su realización; un maestro resultó muerto, muchos más fueron golpeados y heridos; más de una decena fueron detenidos (cuatro en el penal de alta seguridad de Almoloya), y multitud amenazados con el despido.

Más que por las notas escritas, el significado profundo de esta etapa puede verse a través de las imágenes con que se narró gráficamente: un número interminable de fotografías del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, al lado del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo; gendarmes golpeando con garrotes a maestros inconformes; helicópteros policiales surcando los aires para disuadir las expresiones de descontento o con la misión de trasladar a profesores a realizar la evaluación; fuerzas del orden lanzando gases lacrimógenos contra trabajadores de la educación; uniformados retenidos por maestros a la espera de ser canjeados por sus compañeros detenidos; la llegada a Oaxaca del rinoceronte y tanquetas antidisturbios, o el cuerpo sin vida de David Gemayel Ruiz, arrollado por un vehículo policiaco.

Los cartonistas captaron y reprodujeron el sentido del momento magistralmente. En un dibujo de El Fisgón puede verse a un granadero vestido como Robocop, con el pie y el tolete encima de un maestro que yace vencido sobre el piso. El uniformado muestra al profesor un libro sobre la reforma educativa que trae en su mano izquierda, al tiempo que le dice: Te lo tienes que aprender de la A a la Z. En el fondo, un pizarrón escolar tiene escrito con caligrafía manual trazada en tiza blanca el mensaje de la jornada de evaluación: la letra con sangre entra.

En otro, éste de Rocha, aparece el secretario Aurelio Nuño con el letrero de SEP en la solapa del saco, en un pupitre escolar y con un garrote policial en la mano, mientras sentencia amenazante: Nosotros, más que aprender, venimos a la escuela a aprehender.

Varios breves videos grabados con teléfonos inteligentes y subidos a YouTube documentaron, sin más narrativa que la atropellada sucesión de imágenes, la rebelión de los indignados maestros guerrerenses que habían aceptado participar en la evaluación, y que al presentarse se encontraron con que no había equipos de cómputo suficientes para llevarla a cabo. Otros videos dieron cuenta de la represión sufrida por profesores sonorenses que bloquearon la realización de la prueba en su estado.

En la mejor tradición de la cultura del grupo Atlacomulco y del autoritarismo del mundo empresarial, hay quienes ven en la militarización de la evaluación educativa reflejada por esas imágenes un ejercicio congruente de mano firme que se agradece, de certeza política en las decisiones. Sin embargo, la mera colección de fotografías, cartones y videos son evidencia de un estrepitoso fracaso. La militarización del examen es la derrota de la política.

Esas imágenes dan cuenta de la empecinada resistencia magisterial a la evaluación punitiva y de la derrota gubernamental al tratar de imponerla por la fuerza. Esa oposición activa se expresó no sólo en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Veracruz, sino prácticamente en 28 estados.

Sin embargo, el descalabro gubernamental no sólo provino de la insurgencia magisterial, sino de la incapacidad misma de las autoridades educativas para efectuarla. El propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reconoció públicamente que el proceso no se pudo realizar adecuadamente y tuvo muchas fallas técnicas y de logística.

Esos errores comienzan por la piedra angular del proceso: el examen. En los hechos, antes de su realización masiva, debieron efectuarse pruebas experimentales para ver si la prueba era adecuada o necesitaba cambios. No se hizo así. Por las prisas, se aplicó a fuerzas. El resultado fue bastante malo. Multitud de maestros que la presentaron han expuesto públicamente cómo muchas de las preguntas que se les hicieron eran absurdas, estaban mal redactadas y tenían doble sentido.

Además, como una docente afirmó a Laura Poy en este diario, el examen de conocimiento y habilidades didácticas se aplicó en un formato complejo, que hizo muy pesado resolver las preguntas. Había mucha presión. Quienes presentaron la prueba nunca supieron por qué y con qué criterios fueron seleccionados. Muchos recibieron la notificación para participar apenas 48 o 72 horas antes de que cerrara el periodo para subir evidencias personales.

El propio INEE admitió que hubo fallas tanto en la integración de las listas definitivas de quienes serían evaluados como en la entrega de claves para subir evidencias, así como dificultades técnicas y confusión para resolver algunas etapas. Reconoció también que los exámenes se aplicaron en algunos lugares en condiciones poco propicias para llevar a cabo una experiencia que debe ser formativa y exige condiciones para pensar y reflexionar.

En los hechos, la evaluación fue realizada de manera apresurada, mal preparada y organizada (como se vio en Guerrero), relativamente caótica y con improvisaciones. Fue un acto punitivo, no un ejercicio pedagógico.

Hay elementos suficientes para afirmar que esa prueba de 154 preguntas a realizarse en ocho horas no sirvió para saber si un maestro con años de experiencia es o no idóneo. En cambio, generó entre el magisterio mayor confusión, desconfianza y hartazgo hacia las autoridades educativas.

Twitter: @lhan55