Buenos Aires.

El presidente Mauricio Macri regresó de sus vacaciones y continuó con la emisión de decretos, e hizo oficial la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo autárquico y descentralizado del Ministerio de Comunicaciones. Se modifican además varios artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital, pese a que existe una medida cautelar que frenaba ese decreto.

Ante esta situación, la titular de la Defensoría Pública, Cynthia Ottaviano, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Enacom e introdujo modificaciones a la ley de medios, por considerar que vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales.

La decisión del gobierno ignoró también la resolución del juez de La Plata –capital de la provincia de Buenos Aires–, Luis Arias, quien emitió el pasado 30 de diciembre una medida cautelar que frenaba la determinación oficial sobre la clausura de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).

Se ordenaba al Ejecutivo abstenerse de suprimir, afectar derechos adquiridos u otorgar nuevos derechos a la Afsca, y declaraba nulo lo actuado a partir del 29 de diciembre.

Según el artículo 2 del nuevo decreto, el ente tendrá las competencias y funciones que las leyes de medios y Argentina Digital asignaban a la Afsca, y el directorio estará conformado por un presidente y tres directores nombrados por el Ejecutivo, y otros tres propuestos por la comisión bicamaral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual. El decreto señala que la ley de medios es una norma anticuada y distorsiva en numerosos aspectos y es evidente que el nuevo organismo funcionará con representación mayoritaria del Poder Ejecutivo y que la normativa decretada por Macri sostiene la necesidad de aprovechar los beneficios de la convergencia tecnológica abriendo el juego a la competencia del mercado y justifica la imperiosa necesidad de modificar las leyes vigentes sin depender de la cadencia habitual del trámite legislativo de mayoría simple.

Mediante un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno nacional disolvió la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, y derogó gran parte del reglamento del régimen de soberanía hidrocarburífera. Asimismo, transfirió del Ministerio de Economía al de Energía y Minería las funciones de esta comisión. La medida establece además que los derechos derivados de las acciones de titularidad del Estado Nacional en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), recuperada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en YPF Gas Sociedad Anónima, serán ejercidos por la cartera que dirige Juan José Aranguren, ex gerente de la empresa Shell, a excepción de las acciones que pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto.

Además de disolver la comisión encargada de llevar adelante el programa nacional de inversiones en materia de hidrocarburíferas, Mauricio Macri dispuso la derogación de varios artículos que afectan seriamente la soberanía hidrocarburífera y a la población en general.

Por su parte, la vicepresidenta Gabriela Michetti firmó también un decreto que da de baja a dos mil 35 empleados por considerar sus puestos designaciones políticas de su antecesor Amado Boudou, y dispuso la creación de una comisión revisora especial de máximo nivel que analizará en un plazo máximo de 120 días la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos 12 meses, a la luz de las necesidades funcionales del Senado, que no variaron de manera sustancial desde el final de la gestión de Julio Cobos”, explica el comunicado.

El titular de la Asociación del Personal Legislativo, Norberto Di Próspero, calificó de barbaridad la medida, y advirtió que van a luchar hasta las últimas consecuencias.