La Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se disculpe e indemnice a Pedro Canché Herrera, quien la próxima semana será sometido al Protocolo de Estambul ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para comprobar si fue torturado o recibió penas crueles, inhumanas o degradantes durante su encierro.

El periodista maya fue detenido el 30 de agosto de 2014 por tomar fotografías de una protesta y estuvo preso durante más de nueve meses, acusado de sabotaje por el gobierno de Quintana Roo, delito grave en la entidad, sin derecho a fianza ni a solicitar amparo, según el artículo 204 del Código Penal local.

Canché fue acusado de organizar bloqueos frente a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado –ocurridos del 11 al 19 de agosto de aquel año en el municipio de Felipe Carrillo Puerto–, debido a que a pobladores indígenas se les había impuesto el uso de un medidor de agua y alza en el costo del servicio 500 veces superior.

En su trabajo periodístico dio seguimiento a temas como los brotes de dengue y la falta de hospitales equipados para comunidades mayas. A los pocos días fue amenazado y el 22 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió orden de aprehensión en su contra. Fue detenido siete días después, golpeado y amenazado por otros presos, y el 5 de septiembre se le dictó auto de formal prisión.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció del caso y el 5 de mayo de 2015, cuando Canché Herrera todavía seguía preso, emitió una recomendación a las autoridades municipales de Carrillo Puerto, al presidente del Consejo de la Judicatura en Quintana Roo, así como al gobierno estatal, en la que solicitó frenar el hostigamiento y las amenazas contra el periodista y dejarlo libre.

El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió desde marzo pasado que las autoridades ofrecieran una reparación integral a Pedro Canché, quien recuperó su libertad el 30 de mayo pasado, gracias a que su defensa demostró todas esas irregularidades ante un tribunal colegiado.

Canché Herrera fue informado el 5 de noviembre pasado que el gobierno de Roberto Borge había admitido la recomendación, pero aún no hay elementos que comprueben su cumplimiento. Para el activista, la satisfacción de ambas sentencias será la única forma de garantizar la libertad de expresión para los periodistas en esa entidad.

En otro caso, el alcalde del municipio de Escuinapa, Sinaloa, Bonifacio Bustamante Hernández, indemnizará y ofrecerá una disculpa pública a la familia del periodista Ramón Eduardo Guevara, informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan José Rios Estavillo.

Señaló que se emitió una recomendación en diciembre pasado por considerar que el alcalde violó los derechos de libertad de expresión, después de que el edil acudió a las instalaciones del periódico Noroeste junto con funcionarios y asesores a solicitar a Ramón Eduardo que dejara de publicar su columna Punto Cardinal.

Aunque el alcalde aceptó reparar el daño, manifestó no estar de acuerdo en los argumentos de la investigación que hizo la CEDH, ya que nunca tuvo la intención de generar incertidumbre o temor a sus familiares, ni atentar contra la libertad de pensamiento y de expresión.