El Estado es responsable de cerca de 58 por ciento de las vulneraciones a la seguridad de defensores de garantías fundamentales, apuntó la Red Nacional de Organismos Civiles de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (TDT) al hacer un recuento sobre 2015.

En su reporte planteó que el año estuvo marcado por la impunidad en los grandes casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos –Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato y Narvarte–, pero también por la criminalización de los defensores, vinculados particularmente a procesos en contra del despojo de tierras y territorios.

Señaló que del primero de enero al primero de diciembre identificó 76 casos de violaciones y agresiones contra defensores de las garantías individuales en 20 estados, de los cuales destacan Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz.

De estas situaciones, alrededor de 85 por ciento fueron cometidas hacia personas defensoras de derechos humanos y el resto hacia colectivos, lo que indica una estrategia clara para desarticularlos en favor de los intereses económicos y políticos afectados por sus luchas, apuntó.

El principal derecho afectado, según el organismo, es a la integridad personal, que es sistemáticamente violado por medio de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte, lo que nos indica que existe un riesgo a la vida de las personas y a la permanencia de los colectivos y procesos de defensa de los derechos humanos.

Apuntó que 58 por ciento de esas violaciones fueron cometidas por actores estatales y 42 por ciento por no estatales.

La Red acusó al Estado de ser incapaz de resolver los casos mencionados, y añadió que en este año ocurrieron hechos del mismo nivel de gravedad que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, en 2014, que tampoco han sido resueltos.

Citó la masacre de un grupo de integrantes de la Fuerza Rural en Apatzingán, Michoacán, ocurrida a inicios del año, y el presunto enfrentamiento entre federales y un grupo armado en el rancho El Sol, en Tanhuato, que dejó como saldo 43 muertos –entre ellos un policía federal– y tres detenidos.

También añadió el multihomicidio en la colonia Narvarte, en la ciudad de México. Destacó que dos de los cinco asesinados –entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa– habrían recibido amenazas desde el entorno del gobierno de Veracruz.

La red TDT puso como ejemplo de las agresiones a defensores el ataque del Ejército Mexicano a la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, en julio pasado, por contar con una policía comunitaria que logró por conducto de la organización popular, garantizar la seguridad que el Estado no fue capaz.

Como consecuencia de esas acciones, el menor de 12 años, Hildeberto Reyes, resultó muerto, otras cuatro personas fueron lesionadas y fue detenido el líder de las autodefensas, Cemeí Verdía Zepeda, acusado de diversos delitos que no se comprobaron, por lo cual fue puesto en libertad hace unos días.