El grupo parlamentario del PRD en el Senado cuestionó que el país haya perdido competitividad, aun cuando uno de los ofrecimientos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto fue avanzar en este rubro.

En 2012 México ocupó el lugar 53 de 144 países en el Índice Global de Competitividad que calcula el Foro Económico Mundial. Para 2015 perdió cuatro sitios, al ubicarse en el 57. Lo más grave es que también su calificación se redujo de 4.36 a 4.29, expuso la senadora Dolores Padierna Luna.

La legisladora indicó que otros países, como Estados Unidos, aumentaron su calificación de 5.47 a 5.61, Canadá de 5.27 a 5.31 y Japón de 5.40 a 5.47, lo que demuestra que incluso en un entorno internacional desfavorable se puede mejorar.

Todos estos datos objetivos permiten concluir que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho lo que debiera para superar las enormes deficiencias que caracterizan a la economía, y se ha limitado a mantener una aparente estabilidad macroeconómica, así como a esperar a que las condiciones externas mejoren para ver si algo nos toca, afirmó.

Lo anterior, agregó, a pesar de que la administración de Peña Nieto ha dispuesto de una gran cantidad de recursos para financiar el gasto público.

Más dinero que a Calderón

Refirió que en el año que termina, el Congreso le autorizó 511 mil millones más de lo que se le aprobó a Calderón en 2012, en términos reales, lo que, dijo, significa un aumento de 4.6 por ciento en promedio anual, muy superior al 2 por ciento que creció la economía.

La legisladora indicó que el año pasado el Congreso aprobó además la iniciativa de reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo, la cual consistió básicamente en un aumento a los impuestos.

Asimismo, se le han autorizado endeudamientos desproporcionados: entre 2012 y octubre de 2015 la deuda pública creció 2.4 billones de pesos, y pasó de 38 a 47 por ciento del PIB, declaró.

Aun así, planteó, ese importante incremento en la disponibilidad de recursos no se reflejó en una mejoría de las condiciones de vida de la población, porque aumentaron la pobreza y la desigualdad, y el empleo se precarizó.

Tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como el Instituto Mexicano de Competencia han señalado deficiencias en el uso de los recursos, incluso corrupción y falta de transparencia.

El propio gobierno ha reconocido implícitamente que hay margen para hacer más eficiente el gasto público, al proponer una restructuración, con enfoque base cero, con base en el cual supuestamente se elaboró el presupuesto para 2016, pero no hubo tal medida; sólo se aplicaron reducciones presupuestales a algunos rubros del gasto, entre éstos, 18 por ciento al de inversión, mientras el gasto corriente aumentará 1.9 por ciento, concluyó.