En los primeros seis meses de 2016, el Senado organizará una consulta y debate nacional, en los que participarán expertos, académicos e integrantes de la sociedad civil para determinar si el Estado mexicano requiere una nueva Constitución política.

Todos los artículos de la Carta Magna, incluidos los transitorios, serán objeto de análisis y discusión, con miras a realizar una reordenación y consolidación de su redacción, por lo cual los trabajos estarán bajo la coordinación de una comisión especial, presidida por el senador del PRI Raúl Cervantes.

Con base en un acuerdo aprobado por el pleno, ese organismo determinará, en el contexto del próximo centenario de la Constitución, cuál es el sistema jurídico requerido para las próximas décadas.

De enero a junio próximos, esa comisión especial para el diagnóstico y reflexión sobre el texto de la Constitución efectuará la consulta para conocer opiniones relativas a la vigencia de la actual ley suprema o la necesidad de un nuevo texto constitucional, que refleje mejor los principios y valores que se han construido en 100 años.

Consulta incluyente y abierta

Lo central será identificar y eliminar anacronismos y erratas que pueda contener, homogeneizar términos y analizar cada artículo.

Para ese fin se agruparán temas sobre derechos humanos y obligaciones ciudadanas, el modelo económico constitucional y el fortalecimiento de valores y principios democráticos.

La división de poderes, distribución de facultades entre los componentes del sistema político y el sistema de pesos y contrapesos, la organización federal, estatal, municipal y la concurrencia de facultades, anacronismos, erratas y homogeneización de términos serán otros puntos a tratar.

El acuerdo establece que no se discutirán propuestas relativas a posibles reformas que tengan por objeto reducir, alterar o cambiar temas de fondo, o bien, que impliquen una involución, supresión o retroceso de los principios, valores y fines de la Carta Magna y de sus leyes reglamentarias que se han aprobado al amparo de las disposiciones constitucionales actuales.

Se acordó además que tanto la consulta como el debate serán incluyentes y abiertos, por lo que se deberán involucrar a grupos de la sociedad civil, la academia, entidades federativas, municipios, los poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos.

La comisión deberá presentar al pleno sus conclusiones antes del 15 de diciembre de 2016.