Trabajadores del hogar y migrantes son dos de los grupos que históricamente han sido excluidos de la protección de derechos fundamentales y enfrentan condiciones de explotación laboral, abusos y discriminación, sostiene el Senado.

El Estado mexicano tiene la obligación de emprender acciones contundentes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, basado en el cumplimiento irrestricto del principio de no discriminación, destaca una investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez, la cual señala que actualmente hay 2.2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico.

De ellas, precisa, 95 por ciento son mujeres y 100 mil hombres. Detalla que las trabajadoras del hogar enfrentan discriminación múltiple por su género, origen étnico y condición socioeconómica; además, la falta de contratos, seguridad social y acceso a los servicios de salud, entre otras condiciones, caracterizan al sector del trabajo doméstico.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), apunta, 96 por ciento de las trabajadoras del hogar manifestaron carecer de contrato laboral, lo que genera incertidumbre sobre los límites de sus funciones y los términos de su empleo. Estas condiciones de trabajo han llegado, incluso, a generar casos de explotación laboral, sostiene la investigación.

El Instituto Belisario Domínguez acusa que con información del Inegi se tiene que cinco de 10 personas ocupadas en el trabajo doméstico realizan jornadas de 35 horas o más a la semana y 13 por ciento trabaja más de 48 horas.

De estos trabajadores, 46.5 por ciento reportaron no haber recibido aguinaldo y más de 60 por ciento no tuvieron vacaciones; 76.1 por ciento no cuentan con algún tipo de prestación laboral.

En la colonia Cuauhtémoc, una trabajadora doméstica desempeña labores de riesgoFoto Francisco Olvera

Califica el documento de preocupante que la Ley Federal del Trabajo considere esa actividad en un apartado distinto y restrinja los derechos garantizados a quienes se dedican a ella, pues da lugar a un trato diferenciado injustificado para un sector de la población que la sitúa en una condición de desigualdad.

No sorprende que se excluya de la definición del trabajo del hogar a quienes presentan servicios similares en establecimientos mercantiles u otros; ello refleja la visión utilitarista y discriminatoria generalizada entre la sociedad.

En la investigación del Belisario Domínguez se destaca también la necesidad de avanzar hacia el efectivo reconocimiento de los derechos, para lo que se requiere la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el estándar más alto a escala internacional que fija una serie de normas mínimas hacia las personas trabajadoras del hogar.

Además, advierte que se requieren modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para fijar límites a las jornadas laborales, eliminar el salario mínimo diferenciado y simplificar el régimen de altas y bajas del Seguro Social.

Asimismo el Instituto Belisario Domínguez refiere que otro sector vulnerable sujeto a abusos y violaciones a derechos son los migrantes, a quienes se asignan estereotipos y estigmas que los asocian con violencia y bandas criminales.

Destaca que las estancias migratorias en México son puerta abierta a la arbitrariedad y agravios a los derechos humanos. Advierte que la reclusión en ellas sigue siendo la regla y no la excepción como lo dice la ley, ya que a los migrantes detenidos rara vez se les facilita asesoría jurídica o una representación legal para dar seguimiento a su proceso.