Buenos Aires.

En una tumultuosa víspera de Navidad, el juez federal Julián Ercolini ordenó allanar la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y desalojar al titular, Martín Sabbatella, quien estaba en espera de una respuesta a su solicitud de amparo. El gobierno del presidente Mauricio Macri impuso por decreto la intervención del organismo, con mandato hasta 2017, el pasado día 23.

Policías llegaron al lugar la mañana del jueves para impedir el ingreso de los funcionarios de la Afsca. Los servicios de luz y agua del edificio fueron suspendidos para obligar a que la gente saliera. Sabbatella y sus abogados explicaron que se comete otra ilegalidad al cerrar un organismo sin que haya una autoridad que se haga responsable de todo lo que estaba en la sede.

Los efectivos de la Policía Federal tenían la orden de desalojar a como diera lugar, inmueble que el día anterior permaneció rodeado por cientos de manifestantes que protestaban por la medida de Macri a través de su ministro de Comunicación, Óscar Aguad.

La intimidación a Sabbatella y otros funcionarios se hacía cada vez más grave y poco después de que los policías allanaron el edificio de la Afsca el titular decidió retirarse. Advirtió que no iba a confrontar una orden judicial, pero advirtió que el juez que se haga responsable está suspendiendo una ley declarada constitucional por la Corte.

En referencia a Ercolini, juez al que sindicaban los analistas como parte de la corporación judicial que actuó en forma permanente contra el gobierno de la ex presidenta Fernández, Sabbatella aseguró que atrás de lo ocurrido hay una parte del Poder Judicial que funciona como trama mafiosa y responde a los intereses corporativos.

Macri y sus ministros atribuyen a todos los funcionarios del gobierno anterior su militancia política en el kirchnerismo.

Sin embargo, en todos sus nombramientos, como el caso del interventor de la Afsca, Agustín Ignacio Garzón –macrista de siempre–, los favorecidos son sus allegados.

Ante la fuerte reacción que provocó el decreto de intervención de la Afsca y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), Garzón se presentó el miércoles pasado en tribunales, incluso cuando ya se había cerrado el horario judicial, para denunciar la resistencia del dirigente kirchnerista (Sabbatella) a salir de las oficinas del organismo y solicitó medidas especiales para tomar posesión del lugar, con el fin de salvaguardar los bienes del Estado nacional.

El juez Ercolini, en su resolución, ordenó que se retiraran todos los que se encontraran en la sede de la Afsca para proceder al desalojo aduciendo una causa iniciada contra Sabattella. Previamente, el jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, habló de usurpación de las oficinas de la Afsca por Sabbattella, acusándolo de desconocer la autoridad presidencial.

Óscar Aguad advirtió que el gobierno se ha hecho cargo de las cuentas bancarias del organismo y ha solicitado una auditoría.

La Defensoría del Público recibió decenas de reclamos, tanto individuales como colectivos, que exigen la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que vulnera el decreto 236/15 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en el que dispuso la intervención de la Afsca y la remoción de todo su directorio.

Con esto se señala que se han vulnerando los estándares internacionales de derechos humanos en materia de autarquía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales.

También se califica de otra ilegalidad el decreto presidencial que días antes reformó la Ley de Ministerios y creó el Ministerio de Comunicación, incorporando en su órbita a la Afsca y desarticulando todo el andamiaje institucional que la LSCA había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación.

Se añade que esta Defensoría reitera, en línea con la alerta que han expresado distintos actores sociales en las últimas horas, la exhortación a las autoridades del gobierno nacional a respetar la división de poderes y a no modificar ni violar la LSCA a través decretos de ninguna naturaleza. Además, la Defensoría exigió que se respeten plenamente los 166 artículos de la ley en que se fundan los derechos garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos a ella incorporados.

También se denuncia el silencio casi absoluto de los medios de comunicación masiva, que están en manos de la derecha local, encabezados por el Grupo Clarín sobre esta situación.

La Defensoría recomienda visibilizar estas perspectivas en todos los servicios de comunicación audiovisual, porque ello contribuye a garantizar su derecho a la comunicación y también el acceso a una información plural y diversa de toda la ciudadanía de Argentina.

Por otra parte, Grupo Clarín logró el miércoles pasado apartar al juez Eduardo Freiler de la causa Papel prensa.

Freiler fue el único magistrado que cuestionó la negativa del juez Julián Ercolini a llamar a declaración indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, gerente general y director, respectivamente, de Clarín, y a Bartolomé Mitre, del diario La Nación, entre otros, luego de que la fiscalía entendiera “que había prueba suficiente para ser acusados por la compra de la empresa Papel Prensa extorsivamente con la firma en complicidad con la dictadura militar.

Señalan analistas que en “un proceso inédito, por dos votos contra uno, la Cámara Federal dispuso ayer el desplazamiento de Freiler del expediente, con el argumento de que tenía enemistad manifiesta con el grupo monopólico, después de la publicación en el diario La Nación de un artículo en el que cuestionaban una propiedad del magistrado.

Con este antecedente, Freiler no podrá intervenir en ningún otra causa que involucre a alguno de los imputados por el traspaso compulsivo de las acciones de la empresa fabricante de papel periódico. Esta maniobra ya había sido adelantada el pasado 2 de diciembre por el diario Tiempo Argentino.

En este marco, a dos semanas de su toma de posesión, Macri se tomó vacaciones con su familia en el sur del país, hasta el próximo 4 de enero, mientras las grandes inundaciones de estas horas han provocado miles de desalojos y una grave situación en las ciudades ubicadas en las márgenes de los ríos Uruguay y Paraná.

Una buena noticia frustrada

El anuncio de la aparición de la nieta número 120, Clara Anahí Mariani Teruggi, secuestrada a los tres meses de edad, en la Plata, provincia de Buenos Aires, en un brutal operativo durante la dictadura militar (1976-1983), donde fue asesinada su madre, Diana Teruggi, conmocionó al país en la víspera de la Navidad.

Pero María Isabel Chicha Mariani, su abuela paterna y fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quien la buscaba desde hace 39 años, pidió rápidamente cautela frente al anuncio. Explicó que se encontró con la joven, que trajo un estudio de un laboratorio privado de Córdoba, pero que se necesitaba un examen definitivo del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Esta noche, Juan Martín Ramos Padilla, colaborador de la Fundación Clara Anahí, confirmó que el BNDG descartó el vínculo entre Mariani y la supuesta nieta.

Padilla dijo que la mujer, quien se creyó podía ser Clara Anahí, sabía del resultado del BNDG desde junio pasado.

Mañana habrá una conferencia para explicar esa situación, la cual no tiene precedente.