La iniciativa de ley para prevenir y erradicar la tortura presentada por el presidente Enrique Peña Nieto debe ser modificada a fondo, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, ya que contiene varias inconsistencias y contradicciones con instrumentos internacionales en la materia y no prevén fondos para la reparación de daños a las víctimas de ese delito.

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, comentó que a partir de enero se llevarán a cabo foros de consulta sobre la iniciativa –conjuntamente con la de desaparición forzada– para conocer la opinión de las víctimas de tortura, de expertos, juristas, de representantes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

Los planteamientos que formulen, insistió, se tomarán en cuenta para dictaminar esa iniciativa, que será modificada, de ser necesario, y enriquecida.

En entrevista, la senadora De la Peña señaló que luego de una revisión a fondo de la iniciativa presidencial, encontró nueve inconsistencias, entre ellas que el tipo penal propuesto por el Ejecutivo, violenta la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ya que no considera tortura la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental.

Asimismo, indica dos tipos penales diferentes, uno para tortura y otro para tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este último, además plantea que el victimario debe cometer el delito de manera dolosa, pero sin un propósito determinado, lo cual es técnicamente imposible.

Es también discutible, expuso, que las denuncias de hechos probablemente constitutivos del o los delitos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sólo podrán interponerse en las fiscalías especializadas.

La senadora perredista hizo notar que el mecanismo nacional de prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, propuesto en la iniciativa que Peña Nieto remitió al Senado, no tiene la facultad de interponer denuncias.

Además, no se crea un registro nacional de personas detenidas, mecanismo indispensable para la prevención de esos delitos y tampoco se emiten los lineamientos para que al momento de la detención las autoridades responsables hagan el reporte de manera inmediata.

Ese punto, insistió, es muy importante, porque diversos organismos nacionales e internacionales han observado que el periodo en el que se comete la tortura en mayor medida es entre la detención y la puesta a disposición ante la justicia.

Otras observaciones, detalló, es que la iniciativa no señala los requerimientos mínimos de probidad que deben cumplir los integrantes de las fiscalías especializadas y la independencia de éstos de los elementos de la Procuraduría General de la República o de las locales.

Ello es necesario para garantizar que quienes investiguen a elementos de la misma institución no estén coludidos o viciados.

Se abroga la ley federal para prevenir y sancionar la tortura sin hacer la traslación de los tipos penales, lo que generaría que las personas procesadas o sentenciadas por disposiciones de esta legislación saldrían libres sin cumplir su sentencia, agregó.

Además, no se prevé un monto específico para la puesta en marcha de las unidades especializadas o fiscalías, ni para los fondos de reparación a víctimas de estos delitos.