n la mañana del pasado 7 de noviembre de 2015, Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández, militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), así como Matías Flores Hernández, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, en la calle Manuel Escandón, de la colonia Chinampac de Juárez, delegación Iztapalapa, que dejó a Rubicel y Matías con heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo, de difícil y lenta recuperación-rehabilitación, mientras Jesús resulto baleado en un glúteo. Dos militantes más de esa organización resultaron ilesos en el ataque.
El agresor no ocultó su rostro, de tal forma que existe un retrato hablado, y su apariencia, según quedó asentado en actas, era de una persona robusta, de corte militar, que utilizó un viejo auto verde oscuro modelo compacto Cavalier, de la marca Chevrolet, que, como se sabe, dejó de fabricarse en 2005. En el momento de disparar su arma, el sicario gritó por andar de chismosos
, por lo que todo indica que se trató de un claro intento de ejecución extrajudicial de carácter político, ya que los agredidos, de extracción indígena, recién habían participado el día anterior en la capital de la República de una jornada nacional de denuncia por el asesinato de su compañero Héctor Santis López, en Chiapas, perpetrado el 29 de septiembre de 2015, por el grupo paramilitar conocido como Los Petules. Precisamente, esa mañana iniciaba el regreso de los militantes del FNLS a sus estados de origen.
A casi dos meses del atentado, la averiguación previa iniciada en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales de la Agencia 50 no ha avanzado gran cosa y, curiosamente, se sostiene que los videos de las cámaras apostadas en la zona no grabaron el momento preciso de la agresión, y que las aproximadamente 70 cámaras que dieron seguimiento al automóvil en fuga no permiten proporcionar información de sus placas, ocupantes y demás datos que pudieran llevar a la detención de los responsables. Esta lentitud de la investigación, sin líneas definidas hasta el momento, que denota una clara ineficiencia o complicidad de las autoridades judiciales, originó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que tampoco parece haber avances.
El FNLS ha señalado que el atentado del 7 de noviembre se debe a las acciones permanentes de esta organización para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales de ayer y hoy. Cabe señalar que en mi calidad de coordinador de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo de 2007, he trabajado conjuntamente con el FNLS y con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, sobre todo durante la gira nacional que durante la primera mitad de 2015 dio a conocer en diversos estados del país la resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, el 19 de junio de 2014, mediante la cual se ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), y a otras instancias y autoridades federales y estatales, a que realicen la búsqueda de los dos militantes desaparecidos forzados del EPR, incluso en cuarteles y otras instalaciones militares. Durante esta gira pude constatar los esfuerzos de esta organización política en favor del respeto a los derechos humanos y en contra de un cada vez más recurrente crimen de Estado y lesa humanidad, que es la desaparición forzada de personas.
El FNLS ha denunciado, igualmente, que la tortura, las detenciones y ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, crímenes todos de lesa humanidad, constituyen expresiones de un tipo de terrorismo de Estado y es la respuesta específica del Estado mexicano ante la exigencia de justicia del pueblo organizado o no organizado. La impunidad para los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad, por conducto de la dilación en las investigaciones, la revictimización de los agredidos, la indolencia e incluso cinismo de los funcionarios, la complicidad evidente de las estructuras gubernamentales y la falta de voluntad política para esclarecer los hechos delictivos, integran características definitorias adicionales de este terrorismo del Estado mexicano.
Como hemos venido señalando: el terrorismo de Estado, tanto en el ámbito interno, como en el global, transgrede los marcos ideológicos y políticos de la represión legal
(la justificada por el marco jurídico) y apela a métodos no convencionales
, encubiertos, a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada.
El FNLS sostiene que el Estado mexicano pretende desarticular su organización mediante la intimidación violenta de los cuerpos clandestinos policiaco-militares, como la llevada a cabo el 7 de noviembre. Lejos está el terrorismo de Estado de lograr este propósito: sus militantes se declaran con mayor decisión, convicción y firmeza en la lucha por establecer el socialismo en México, al cual se adhieren con renovado vigor. Se autodefinen, precisamente, como una organización popular con un proyecto político-organizativo que se desarrolla y crece fuera de los marcos organizativos del Estado y de las formas burguesas de hacer política.
Reivindican que el marxismo seguirá siendo vigente mientras exista miseria, hambruna, muertes por enfermedades curables, analfabetismo y todos los lastres del capitalismo. Convocan a todas las personalidades progresistas, a los organismos defensores de derechos humanos y las organizaciones democráticas, populares e independientes, a que se pronuncien para que cese la represión contra el movimiento popular y, en particular, contra su organización.
