on la toma de posesión de Rafael Tovar y de Teresa como titular, ayer inauguró operaciones la nueva Secretaría de Cultura. Como se recordará, la dependencia fue creada a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto y mediante reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas en las dos primeras semanas de este mes por la Cámara de Diputados y el Senado.
Desde que se anunció la conformación de la nueva dependencia han surgido en la comunidad cultural y en la sociedad en general señalamientos críticos de diverso sentido. Por ejemplo, algunos trabajadores del sector expresaron sus temores de que la transformación en secretaría del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que desde 1988 había venido funcionando como organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afecte sus derechos laborales. Por su parte, profesores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscrito al Conaculta y ahora a la nueva dependencia, alertaron que la creación de ésta resulta violatoria de los artículos 3 y 4 de la Constitución, que con ella se propicia la explotación privada del patrimonio cultural del país y que la separación de la SEP de las instancias y políticas culturales establece una división improcedente e indeseable entre la educación y la cultura.
Otro señalamiento adverso apunta al hecho de que la conversión del Conaculta en Secretaría de Cultura constituye una mera operación administrativa y burocrática sin un contenido específico en materia de políticas públicas para el sector. De hecho, se afirma, lo deseable habría sido consultar a la sociedad y a los trabajadores del sector en sus distintas expresiones a fin de formular una política cultural definida –terreno en el cual ninguna administración sexenal ha elaborado un planteamiento serio e integral desde hace décadas– y concebir, redactar y aprobar una ley en esta materia antes de establecer una nueva sigla en el organigrama del gobierno federal.
Una crítica más se refiere al manejo elitista y excluyente de la cultura, consustancial al modelo neoliberal y privatizador que impera en el país, y a la necesidad de resocializar un ámbito de la actividad humana que es, por definición, colectivo y social.
Se ha señalado, asimismo, lo cuestionable que resulta la centralización de la operación cultural del gobierno en una sola dependencia integrada al gabinete presidencial, por lo que ello puede tener de lesivo para la pluralidad y la diversidad en esta dimensión del quehacer nacional.
Es claro que, en tales circunstancias, la primera tarea de la nueva secretaría deberá ser que se tome nota de estos cuestionamientos y dar respuestas satisfactorias y verosímiles mediante un diseño institucional que acote los riesgos señalados. De ello depende en buena medida que el arranque de la nueva entidad gubernamental abone al fortalecimiento de la credibilidad oficial y no se convierta en un factor adicional de erosión institucional.
