El Senado realizará en enero de 2016 foros para analizar la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto sobre desaparición forzada de personas y las tres iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), así como la propuesta de ley de las organizaciones civiles. Coinciden las cuatro iniciativas en señales que se deben tipificar dos delitos: desaparición forzada, la que es cometida por agentes del Estado, y la desaparición entre particulares, para establecer el delito cometido por el crimen organizado.

Asimismo, convergen las iniciativas en la propuesta de crear el registro nacional de desaparecidos. La propuesta del Ejecutivo y la que presentó el PRI, en el Senado, coinciden en dejar fuera la creación del registro nacional de personas detenidas en el país, pero para el PAN y el PRD, ese registro es necesario, ya que, destacan en sus iniciativas, ahí es donde se inician muchas veces las desapariciones forzadas.

La iniciativa del PAN, propuesta por el ahora presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, subraya que el Registro Nacional de Personas detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica, la información sobre personas detenidas por cualquiera de las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de asegurar sus derechos procedimentales y prevenir la comisión de delitos”.

El PRD, en su iniciativa de ley, subraya que es necesario crear el registro nacional de personas detenidas, como un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentran privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente.

Todas las iniciativas coinciden en señalar que el delito de desaparición forzada de personas es imprescriptible.

Las iniciativas de la sociedad civil, y la del presidente Enrique Peña, plantean que la sanción para el delito de desaparición forzada debe ser penalizado con hasta 150 años de cárcel.

En materia de sanciones carcelarias, el PAN propone de 60 y hasta 90 años, mientras que el PRD plantea 30 años de cárcel.

La propuesta del Ejecutivo propone penas de hasta 90 años para el particular o particulares que desaparezcan a otro particular.