El Senado cerró el periodo legislativo con la aprobación de 87 reformas y decretos, pero enfrenta un rezago de mil 232 iniciativas que deberá desahogar en febrero de 2016. Entre los principales pendientes están la ley de desaparición forzada y las leyes secundarias en materia anticorrupción.

En los tres años de la actual Legislatura se ha tratado de superar el atraso al que se enfrentaron desde el principio.

Al asumir funciones en diciembre de 2012, se encontraron con más de 700 iniciativas que quedaron de otras legislaturas; por lo que la tarea resulta difícil por el gran número de reformas legales y constitucionales que cada año presentan.

Tan sólo en el periodo que acaba de concluir –del primero de septiembre al 15 de diciembre–, de las 320 iniciativas presentadas, la mayoría son de senadores y sólo dos fueron enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto y una por un Congreso estatal.

Debido a esto, la mesa directiva decidió a principios de este mes dar por concluido el trámite de 132 iniciativas presentadas antes del 30 de abril pasado, algunas hasta con 30 años de antigüedad y la mayoría rebasadas por otros ordenamientos o desfasadas.

Eliminar iniciativas, la meta

Desde 2014 comenzó el proceso para depurar los pendientes; se pidió a las comisiones de trabajo que revisaran la agenda para ver cuáles iniciativas podían dictaminarse y las que deben eliminarse.

Respecto a las minutas, es decir, leyes aprobadas que la Cámara de Diputados turnó al Senado, se seguirá el mismo procedimiento. En el pasado periodo se desecharon 95 y hubo un acuerdo de la mesa directiva, presidida por el panista Roberto Gil Zuarth, para alcanzar la meta.

Se basó en un acuerdo tomado en San Lázaro para eliminar todas aquellas minutas que remitió el Senado antes del primero de septiembre de 2009.

Los senadores se proponen hacer lo mismo, por lo que la mesa directiva pidió a los presidentes de las comisiones analizar cuáles minutas son de interés y desechar las que no los son.

En el pasado periodo se aprobaron 87 leyes, tres de ellas constitucionales –la reforma política del DF, la desvinculación del salario mínimo en multas y establecer que los hijos de mexicanos que nazcan en el extranjero tendrán la nacionalidad mexicana– ocho leyes de nueva creación, 60 modificaciones a ordenamientos vigentes y ocho decretos.