Frente al presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores del país, legisladores y los titulares de las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad del país, Adelina Lobo Guerrero, en nombre de la sociedad civil, planteó: No discutir la regulación de sustancias ilegales y continuar con la política prohibicionista nos ha llevado a estigmatizar el tema y con ello combatirlo sacando el Ejército a las calles. Los hemos llevado a luchar una guerra en la cual absolutamente todos hemos perdido.

Y el investigador Alberto Olvera Rivera advirtió sobre las deficiencias en el proceso de aplicar la nueva reforma penal las cuales, de no corregirse, llevan el riesgo de hacerla caer en una de las peores prácticas históricas del Estado mexicano: la simulación organizada.

Adelina Lobo Guerrero, invitada permanente de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), pidió hablar de las drogas, de frente y sin prejuicios y pasar a una regulación que no solamente contemple la liberación del uso de la mariguana.

Ambos intervinieron en la 39 sesión del CNSP. Ella refirió el caso de una niña de 12 años quien admitió haber consumido mariguana y tachas (drogas sintéticas). La yerba se la dio uno de sus primos y la otra se la entregó uno de sus compañeros en la secundaria.

Frente a tal testimonio, la presidenta de la organización civil Ánimos Novandi señaló la necesidad de modificar los actuales esquemas para controlar el consumo de enervantes.

“Niños, niñas y adolescentes que tienen una disponibilidad permanente y los costos de las drogas de diseño cada vez son más baratos. Estamos hablando de que en el mercado local, en centros urbanos se puede conseguir una metanfetamina, conocida como tacha, con un precio de 20, 25 pesos.”

Por ello –añadió– tienen el acceso y la experiencia con drogas que no deberían de estar teniendo, porque no están teniendo un desarrollo sicosocial adecuado.

En los últimos 10 años, en la guerra contra las drogas todos hemos perdido, porque todos los días ingresan jóvenes, mujeres, hombres y adolescentes a los centros penitenciarios, principalmente por la venta de sustancias y mariguana. Se les criminaliza ante la incapacidad de darles oportunidades que, desgraciadamente, les está dando el crimen organizado.

La política prohibicionista –reclamó– no está funcionando y por ello en el centro de la discusión deben estar los mecanismos para proteger de la delincuencia organizada a niños y adolescentes.

Llamó a discutir una política de drogas de manera seria, científica, libre de prejuicios, con respeto a los derechos humanos y perspectiva global y redefinir conceptualmente la política de prevención de adicciones desde el Programa Nacional de Prevención del Delito, impulsando la investigación sobre prácticas culturales asociadas al consumo de sustancias legales e ilegales, así como sus efectos en el ámbito privado y público.

Sin visión integral

En su momento, Olvera Rivera alertó sobre la aplicación parcial o incompleta de la reforma penal, dados los desequilibrios de desarrollo entre las instituciones que conforman el sistema.

Entre estos destacó la incompleta capacitación de los policías estatales y la escasa existencia de sistemas realmente accesibles y funcionales de defensoría pública o de atención oportuna a las víctimas.

En resumen, apuntó Olvera, al haberse privilegiado sólo la imagen de los juicios orales en la reforma y no vérsele de manera integral, se puede caer en una simulación, donde muchos estados no provean los recursos suficientes para su operación y en realidad se aparente cumplir, sin que haya responsabilidad efectiva y compromiso comprobable.

Para la fase final de su aplicación, demandó entonces supervisión y seguimiento estrictos, así como una colaboración constructiva entre los diversos actores, y generalizar las buenas prácticas en todo el sistema.