a COP 21 ha felicitado al Estado mexicano por sus nuevas leyes ambientales de transición energética ante el cambio climático. Dicho acto forma parte de una vieja tradición de lavado de imagen. En una próxima oportunidad quizá podrían verse felicitaciones explícitas por los reiterados escándalos ambientales locales: derrames de lixiviados, devastación inminente por fracking, empleo masivo de agroquímicos, sobrexplotación hídrica y laboral en los centros agroexportadores, contaminación transgénica en cultivos de maíz y soya, así como depredación y contaminación hídrica, en virtud de la desregulación ambiental que acompaña el escalamiento de las industrias automotriz y aeroespacial de exportación.

Una felicitación adicional se podría dar por la construcción de decenas de megaproyectos faraónicos en la ciudad y el estado de México (con gobiernos tan afines al federal), por los ascendentes despojos privatizadores del agua que los acompañan, por la contaminación general de la industria alimentaria con maíz y soya transgénicos o por el modo en que el apagón analógico obliga a los telespectadores a lanzar a la calle millones de televisores convertidos falsamente en basura.

En un lapso brevísimo podrían ser liberadas al ambiente miles de toneladas de tóxicos, básicamente óxido plomo y retardantes de flama bromados. El Estado mexicano ha actuado negligentemente al no prever acciones apropiadas para el manejo de tales residuos ni afrontar el potencial envenenamiento masivo con plomo y compuestos orgánicos persistentes. Se trata de una emergencia ambiental de primer orden que amerita acciones sociales y jurídicas.

El interés de los medios está acaparado por las diferencias que existen entre los grupos gobernantes y empresariales en torno a la fecha del apagón. Sin embargo, los verdaderos beneficiados son los grandes productores de las nuevas pantallas planas y aparatos de transmisión televisiva (México ya es el primer productor mundial en el rubro); los emisores de programas de alta definición, que ampliarán sus ofertas y audiencias mediáticas (en un momento de crisis por la sobreacumulación de programas basura y cambios en los patrones técnicos), y el partido gobernante que usa el apagón no sólo para fomentar el sector exportador, sino también para abrir nuevas formas de desvío de poder e inéditos programas de dotación de aparatos para una potencial clientela surgida de entre la población pobre que el PRI manipulará en futuros procesos electorales.

Con suspicacia dolosa se podría pensar que los grupos de ciudadanos que impugnan el apagón analógico están amañados tras bambalinas con los monopolios interesados en postergar la conclusión de la señal analógica. Sin embargo, hay suficientes indicios para discernir que el problema responde a otras lógicas que escapan de ese nudo de intereses mezquinos. El nuevo boquete ambiental no se llenará cuando las actuales empresas descontentas terminen de acomodarse dentro del inminente apagón. En este momento, la peores consecuencias ecológicas apenas comienzan a ocurrir y quizás sean irreversibles.

El verdadero problema radica en la complicidad antiambiental entre el gobierno y las empresas. Las televisoras no informarán sobre el carácter venenoso de los televisores desechados ni sobre los nuevos problemas tóxicos que acarrearán millones de pantallas planas. Al gobierno y a las televisoras les viene bien el sobreconsumo de aparatos y programas de televisión basura. Alegando el derecho humano a la información, se ampliarán los telespectadores entre la población excluida, mismos que se podrán contraponer a los crecientes sectores sociales descontentos que ya se han articulado mediante redes de información electrónica, y que golpean cada vez más severa y eficazmente el prestigio informativo de los odiados monopolios mediáticos. El espejo prístino de esta complicidad son los basureros que se inundan con millones de cinescopios rotos cargados con plomo.

A las televisoras, los productores de aparatos planos y de difusión digitales y a los grupos en el poder, les preocupa perder sus inmensas clientelas, y en este brete los intereses particulares no siempre coinciden. No obstante, a pesar de los desacuerdos pasajeros, se fraguan intereses comunes, tales como desincentivar la venta de adaptadores baratos que permitirían utilizar por más años decenas de millones de televisores con cinescopios de vidrio.

Urge exigirle al Estado que decrete una moratoria para el apagón analógico hasta que consolide una política convincente de manejo para este peligroso residuo, así como un presupuesto que garantice la adopción de las medidas necesarias. Es necesario que las televisoras, medios radiofónicos y prensa escrita informen ampliamente y con claridad sobre la nocividad potencial que implica la transformación absurda de decenas de millones de televisores en basura, la peligrosa extracción del cobre de los cinescopios, el consumo masivo de pantallas planas y el despilfarro de todo tipo de aparatos electrónicos sin ton ni son. A través de la socialización de esta información podría alentarse un debate auténtico que permita discernir la complejidad de intereses que se mueven en torno del apagón analógico y que en todo caso operan sin beneficiar a la sociedad.

Ante el vacío informativo, la sociedad civil ha tenido que asumir tal tarea. Una emergencia más dentro del océano de problemas y crisis que caracterizan el momento actual. Sin embargo, no es posible relativizar, banalizar o neutralizar el asunto, pues la mayor parte de los ciudadanos habitamos en lugares que se están envenenando y necesitamos a toda prisa organizarnos para defendernos y proteger a nuestros niños de la intoxicación con plomo, dioxinas y furanos.

*Coordinador del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular; profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en temas ambientales.

**Abogado y politólogo; asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y especialista en derecho constitucional, agrario y ambiental.