San Cristóbal de las Casas, Chis.

La asamblea general del ejido Tila, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, acordó defender su autonomía y aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

Debieron pasar 72 años para que el ejido Tila pudiera declarar su autonomía, luego que desde 1943 las autoridades municipales han aprovechado la falta de conocimiento de las ejidales sobre los documentos presidenciales y han violado nuestros derechos, afirmaron las autoridades en un documento.

“Como pueblo indígena chol, fundado antes de la colonización, se retomó el artículo 39 de la Constitución política que dice que ‘el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno’”, señalaron.

Dijeron que el acuerdo fue tomado este 16 de diciembre, al cumplirse siete años de que el Estado mexicano nos concedió la sentencia de amparo número 259/1982 y nos declaramos para reconocer nuestras propias autoridades.

Historial de agresiones

Sin embargo, ironizaron, “todos los daños y perjuicio que se han cometido en nuestra contra no son un delito para el gobierno del estado, pero a nosotros se nos acusa ante el agente del Ministerio Público –según el expediente 177/2015– de lesiones cuando en 1980 entraron con armas de fuego los caciques en coordinación con el gobierno y a los tres días fue agredido en el hombro con arma de fuego el indígena Domingo Pérez Martínez”.

Los ejidatarios de Tila, ubicado en el norte de Chiapas, reclaman la devolución de 130 hectáreas del fundo legal que les pertenecen según la resolución presidencial de 1934 y en 52 de las cuales fue construida ilegalmente la cabecera municipal hace 72 años.

El pasado, miércoles, cientos de integrantes del ejido que han sufrido hostigamiento y arbitrariedades, realizaron una marcha que culminó con la quema y destrucción de algunas áreas de la alcaldía.

Afirmaron que también se les acusa de atentado contra la paz pública cuando en 2005 (duran- te el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía) fuimos bombar- deados con gases lacrimóge- nos, con la participación de dos helicópteros y 20 convoyes de policías estatales desplazando a muchas familias, causando la muerte de recién nacidos y la detención de más de 50 hombres y mujeres inocentes.

Recordaron que “en las elecciones del 19 de julio entraron varios camiones de paramilitares encapuchados contratados en coordinación con el gobierno de Manuel Velasco Coello, quienes detonaron armas de alto calibre dentro del ejido, faltándole al respeto a un pueblo indígena chol que ha buscado justicia desde hace 72 años y se le ha negado porque las leyes no están hecha para los pobres.

¿Acaso eso no es alterar la paz social?, subrayaron.