Vista panorámica de la ocupación de tierra abandonada en Campo Florido/MG, a la orilla de la carretera BR-262 y cruce con Avenida JK FOTOS: Éder Ferreira

Ocupación Vitória:
lucha y resistencia por la tierra

Éder Ferreira Abogado popular miembro de la Asociación Brasileña de Defensa de los Derechos Colectivos (ADC) y juez internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos en México (TPP, México)  Traducción: Andrea Santos Baca y Raymundo Espinoza

La Ocupación Vitória es un asentamiento humano que data de febrero de 2015, cuando 950 familias entraron en un área abandonada, situada en los márgenes de la carretera BR-262, en la Ciudad de Campo Florido, región del Triángulo Minero, en el estado de Minas Gerais (MG). El área ocupada se sitúa en zona rural en frontera con la urbana y está constituida por un conjunto de parcelas con unas 44 hectáreas.

En el lugar hay cerca de 20 propietarios, de los cuales la mitad no reivindica en tribunales la devolución de la posesión, ya que quedó abandonada/improductiva por más de 30 años. Dentro de los habitantes de la Ocupación Vitória están registradas cerca de tres mil 600 personas, lo que equivale a poco más de la mitad de la población municipal (de aproximadamente siete mil habitantes), incluyendo por lo menos 350 niños y adolescentes, cien ancianos y 40 personas con capacidades diferentes.

Otro factor relevante es que las mayores fuentes de empleo en el municipio de Campo Florido-MG son dos ingenios de caña de azúcar, los cuales además de traer fuerza de trabajo de otras ciudades del noreste del país, acostumbran despedir a cerca de mil 500 trabajadores cada año. Además de esto, el municipio no desarrolla ninguna política habitacional compatible con la demanda de la población, lo que fue reconocido por el vice-prefecto de la ciudad, Rufino Francisco Vieira.

La ocupación está involucrada en tres acciones judiciales en la Comarca de Uberba-MG. El juez de la Segunda Corte Civil, Fabiano Rubinger de Queiroz, determinó, ilegalmente, la reintegración inmediata de la posesión, con fecha prevista de cumplimiento del desalojo forzado de las familias el 10 de agosto de 2015. La medida es ilegal porque no existe en el proceso prueba de que alguien ejerciera propiedad del área antes de la ocupación. Resalta que para el desalojo forzado no fue previsto un local para el alojamiento provisional de las familias, ni almacenes para guardar sus pertenencias. Además de esto, las familias no fueron registradas y no están siendo proporcionadas las medidas cautelares necesarias para garantizar sus derechos humanos.

Algunos ejemplos de la violación a los derechos fundamentales de los tres mil 600 ocupantes son: la negación al acceso al derecho a la vivienda; la privación del acceso a los servicios básicos como salud, asistencia social y saneamiento básico, y el riesgo en que se pone la integridad física y sicológica de las personas, así como la vida de las familias, durante el cumplimiento del interdicto posesorio.

Habitantes de la Ocupación Vitória (Campo Florido/MG), en protesta en la carretera BR-050 el 6 de agosto de 2015

El 3 de agosto de 2015, el Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG) determinó, mediante un mandamiento judicial dirigido al gobernador del estado y al comandante general de la Policía Militar de MG, que sólo se cumpliera la orden de desalojo si se conseguía cumplir con todas las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

Se sabe, además, que los hermanos Carneiro actúan conjuntamente en la regularización de áreas abandonadas/sobrantes de los municipios de la región. Pedro Umberto Carneiro, representante de la empresa Vale do Sol Empreendimentos Imobiliários LTD, es el hermano del diputado federal por el Partido de los Trabajadores (PT) Adelmo Carneiro Leão. Vale decir que Pedro Umberto es el mayor contribuyente de donativos a campañas electorales de su hermano. En las más recientes elecciones donó 130 mil reales (34 mil 637 dólares). Según comentarios comunes en la región de Uberaba-MG, el hijo del diputado del PT, Carlos Renato de Oliveira Carneiro Leão, es oficial titular de la Notaría de Oficio del Registro de Títulos y Documentos y Civil de las Personas Jurídicas de Uberaba-MG, y ejerce influencia en el ámbito de los notarios locales, situación que le permite obtener fácilmente escrituras apócrifas de compra y venta de inmuebles en la región.

Reconociendo que existen en la región áreas abandonadas por años, políticos locales liderados por Adelmo Carneiro Leão estimulan la ocupación por parte de la población pobre y, en seguida, intentan acciones de reintegración de la posesión, ilegalmente, con fundamento en la propiedad, siendo que los magistrados locales otorgan incontinenti (inmediatamente) la orden de reintegración y reconocen durante la instrucción la propiedad del área a las empresas de Pedro Umberto Carneiro y, de esta manera, legitiman las escrituras falsas y sus registros.

Así, el Poder Judicial se presenta como un aparato burocrático al servicio de poderes locales en la regularización de sus conquistas de tierra por vías fraudulentas. En este contexto, se cita la reintegración de posesión determinada por el juez de la Primera Corte Civil de Uberaba, Lúcio Eduardo de Brito, en el caso del “Assentamento Nova Estrela” de Uberaba-MG, y la reintegración de posesión en el “Assentamento Vitória” de Campo Florido-MG, procesada ante el juez de la Segunda Corte Civil de Uberaba-MG.

En el caso de la Ocupación Vitória hay por lo menos otra ilegalidad. El 23 de junio de 2015, en la sede de la Prefectura Municipal de Campo Florido-MG, inmediatamente después de reunirse con los ocupantes del área en litigio, el prefecto municipal de Campo Florido, Ademir Ferreira de Mello, afirmó que para conseguir el aplazamiento del procedimiento de interdicto de posesión, gastaría hasta un millón de reales con jueces involucrados en la causa. La explicación de esa afirmación se encuentra en el hecho de que algunos de los pretendidos propietarios del área en litigio son herederos del prefecto: Ademir Ferreira de Mello Junior, Angéica Mello Boldrini y Karina de Mello.

Protesta en Pedras de Maria da Cruz contra el asesinato de Cleomar Rodrigues FOTO: Jornal O Rebate

Liga de campesinos pobres:
la revolución agraria enfrenta
al terrorismo de estado

Jonathan V. Pachecho Rodrigues Estudiante de Economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro y miembro del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pobres (Cebraspo)  Traducción: Jimena de Garay Hernández

En la historia de Brasil han ocurrido diversas revueltas campesinas y nunca han dejado de ser intensos los conflictos agrarios. En el Informe anual de 2014 de la Comisión Pastoral de la Tierra constan 793 quejas de conflictos agrarios, con más de 600 mil personas involucradas. Organizaciones campesinas luchan contra la estructura agraria concentrada en grandes propiedades, lo que ciertamente es la principal causa de que ese tipo de conflicto sea constante a lo largo de tantos años de historia.

A pesar de que la ley que estableció los primeros pasos para lo que se llamó “reforma agraria” en Brasil (Ley 4.504, de 1964) permanece en vigor con algunas alteraciones, y que la Constitución de 1988 reafirma como deber del Estado desintegrar el latifundio improductivo, el país continuó con una de las mayores concentraciones de tierra del mundo.

Datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) muestran que de toda el área de propiedades de tierra registrada en Brasil en el año 2014, 47.23 por ciento corresponde a grandes predios, mientras que el minifundio representa sólo 10.2 por ciento del total. Aun después de la elección en 2002 de Lula –quien siempre defendió la reforma agraria en sus discursos antes de ser electo y tuvo candidaturas apoyadas por el movimiento campesino más grande de Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)-, no ha habido avances significativos en la repartición de las grandes propiedades. Luiz Inácio Lula da Silva asignó tierras en su gobierno a menos familias que su antecesor, Fernando Henrique Cardoso. En la administración de su sucesora, Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores (PT), fueron registrados los peores indicadores relacionados con la reforma agraria en 20 años.

Ceremonia de funeral de Cleomar, en Pedras de Maria da Cruz FOTO: Jornal A Nova Democracia

Ante un proyecto de reforma agraria del Estado que hace más de 50 años no democratiza el acceso a la tierra y sólo ha decepcionado a un segmento de la población que esperaba resultados efectivos, diversas organizaciones campesinas persisten en la lucha por tierra. Algunas centran su actuación en presionar al Estado para que cumpla la ley, que dé asentamiento a familias en las tierras que no ejercen su función social.

La Liga de los Campesinos Pobres (LCP) es una de las principales organizaciones de lucha por la tierra en Brasil. Sin embargo, no se enfoca en exigir el cumplimiento de la reforma agraria, sino que pugna por una “revolución agraria” que reparta todas las tierras del latifundio. Así como otras organizaciones campesinas sufren por la represión del Estado y por la violencia de grupos armados al servicio de latifundistas, la LCP ha debido enfrentar el asesinato de varios de sus líderes, en medio de la lucha por la tierra y por la aplicación de su Programa Agrario Revolucionario.

El 22 de octubre de 2014, en Pedras de Maria da Cruz, estado de Minas Gerais, el líder campesino Cleomar Rodrigues de Almeida, de 46 años, fue asesinado con un tiro de escopeta calibre 12, en una emboscada cerca del área donde vivía. Él era dirigente de la LCP de Minas Gerais y sur de Bahía, otro estado. Cleomar ayudó a realizar el corte popular (como la LCP le llama a las divisiones entre los campesinos de las tierras tomadas del latifundio) en decenas de áreas de la revolución agraria, organizó junto con sus compañeros la producción de miel de abeja en el área donde vivía y en 2014 contribuyó con la miel producida por ellos para ayudar a activistas presos y perseguidos políticamente en Río de Janeiro durante la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La muerte de Cleomar Rodrigues sigue un guión semejante al de otros asesinatos de líderes, donde campesinos se reúnen con representantes del Estado para denunciar amenazas de latifundistas y pistoleros, cobrar regularización de sus bienes y posteriormente los matan en emboscadas. Algunos días antes de su asesinato, el 9 de octubre, Cleomar participó en una Audiencia Pública con el gobierno, el Ministerio Público y el comando de la Policía Militar, denunciando amenazas realizadas por latifundistas y la participación de policías y de un oficial de justicia en intentos de expulsar campesinos de las tierras tomadas por la Revolución Agraria. No se hizo nada.

Inauguración de la Escola Popular Cleomar Rodrigues de Almeida FOTO: Jornal A Nova Democracia

En la ceremonia de funeral de Cleomar, una dirigente campesina de la LCP tomó la palabra:

“Él era ejemplo de que no debemos tener ilusiones con ese Estado que negó tierra, que negó agua a los campesinos. Romper cualquier ilusión con ese Ministerio Público que negó justicia para el compañero. ¿Cuántas veces fue amenazado? ¿Qué se hizo? ¡Nada! Ninguna medida fue tomada.”

En mayo de 2015, campesinos del área donde Cleomar vivía y trabajaba inauguraron la Escuela Popular Cleomar Rodrigues de Almeida. La escuela fue construida por los propios campesinos y promueve la enseñanza desde la fase inicial de alfabetización, desarrolla la lectura, escritura, conocimientos matemáticos y generales. Esa fue una conquista más de la organización popular.

A pesar de las intimidaciones y del terror promovido por los grandes propietarios de tierras, la LCP sigue firme con su objetivo de, independientemente del Estado, tomar todas las tierras del latifundio, haciendo la Revolución Agraria en Brasil.

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