Corporaciones mineras y
comunidades tradicionales:
territorios en disputa

Edwin Alberto Muñoz Gaviria Doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRJ)

Estrada de Ferro Carajás en Açailândia-MA FOTO: Edwin Alberto Muñoz

La Amazonia brasileña viene siendo intensamente disputada por la apropiación de sus recursos naturales. Ciertamente no es una situación nueva, de hecho es parte de un proceso recurrente desde los tiempos del comercio de especias y la extracción de caucho. Hoy la región continúa siendo vista como la frontera de expansión de la acumulación capitalista, y la minería a gran escala como la punta de lanza del ciclo extractivista más reciente.

Lejos de las representaciones de la Amazonia como un espacio socialmente vacío –constante histórica en las intervenciones del Estado y el capital-, en ella se expresa una fuerte vitalidad cultural, social y política. Grupos y comunidades indígenas, quilombolas (comunidades afro-descendientes conformadas luego de la abolición de la esclavitud), recolectores y ribereños, entre otros, soportan procesos de degradación de sus ambientes producto de la lógica asimétrica que les asigna cargar con los costos del crecimiento económico. Sin embargo, ellos también resisten activamente por la defensa de las formas de uso comunal de bosques, planicies, lagos y ríos de los cuales depende la permanencia de sus modos de vida.

La minería a gran escala es sin duda uno de los principales vectores de conflicto y resistencia, en particular en la región oriental, cuyo foco son los estados de Pará y Maranhão. En ambos estados las minas y su infraestructura logística avanzan hacia nuevos espacios o intensifican sus niveles de explotación en los ya establecidos, aumentando la extracción de hierro, bauxita y manganeso, en especial. El incremento más o menos sostenido durante los años recientes de la demanda internacional de minerales; el papel preponderante asignado al sector minero en las políticas de estabilidad macroeconómica; el carácter de la minería como actividad de interés nacional, así como una serie de medidas tributarias y de flexibilización de las regulaciones sociales y ambientales, hacen más atractiva la inversión minera, pero además han conferido a las corporaciones mineras –nacionales e internacionales- mayor poder en el devenir de los territorios.

Sin embargo, esto también ha representado para las corporaciones la necesidad de poner en marcha estrategias políticas para hacerle frente a esa conflictiva inserción territorial. Más allá de las acciones estrictamente mercantiles, tales estrategias se dirigen a los entornos sociales y políticos de la empresa con el propósito de garantizar condiciones de permanencia de la actividad extractiva. En algunos casos son presentadas como formas de participación en el desarrollo y la gestión de los territorios, bajo el entendido de que la interacción y sintonía con el conjunto de actores locales son un factor de productividad y competitividad económica.

Minaría ilegal FOTO: Edwin Alberto Muñoz

Las empresas suelen justificar tales acciones al considerarlas necesarias para enfrentar los riesgos que las formas de resistencia y movilización social puedan significar para la continuidad de sus actividades. Riesgos que van desde el bloqueo de una vía férrea hasta la reivindicación de derechos sobre los bienes de uso común.

Los denominados programas de “responsabilidad social” son expresivos de estas formas de operación, e intervienen en diversos campos como la salud y la educación, donde es notable la ausencia del Estado en la garantía de derechos. Estos programas parecen orientados a lidiar con el potencial desestabilizador de la crítica que pueda emanar de las comunidades y movimientos; procuran activamente su consentimiento y adhesión en cuanto permean múltiples ámbitos de la vida local. Ese parece ser el sentido de lo que en el lenguaje empresarial viene siendo denominado “licencia social para operar”.

Al encuentro salen grupos y comunidades afectadas por la minería que tienen como estrategia la lucha por los territorios que les garantizan su reproducción material y cultural, incluso re-significando con ello las tradicionales luchas por la tierra. Y en esta disputa por los territorios han desencadenado también un proceso de construcción política de identidades colectivas. Además de fundarse en diferencias de carácter étnico, estas identidades son configuradas a partir de situaciones derivadas de formas tradicionales de uso y apropiación del espacio y sus recursos, como en el caso de comunidades tradicionales de pescadores, recolectores y seringueiro (comunidades extractoras del látex de la seringueira o árbol del caucho). Son luchas territoriales y de reconocimiento que han tenido como efecto limitar en alguna medida la inclusión de sus tierras en el mercado y la apropiación privada de bienes comunes, al paso que amplían el debate nacional por un tratamiento más justo y democrático en la definición de los proyectos de desarrollo.

Entre aquellas formas empresariales preocupadas por la conquista del consentimiento y estas formas comunitarias que reivindican sus derechos territoriales e identitarios, los espacios sociales del extractivismo minero exhiben hoy una intensa dinámica política.

El modelo energético brasileño: desafíos
y perspectivas para los trabajadores

Movimento dos Atingidos por Barragens (Movimiento de los Afectados por Represas, MAB)  Traducción: Letícia Faria y Thcenna Maso

Movilización en el Encuentro Nacional de las Mujeres Organizadas en el MAB, Brasilia, abril de 2011 FOTOS: Archivo del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

Es innegable que la energía tiene una importancia estratégica, ya que está relacionada con el valor de la producción y se presenta como una forma de aumentar la capacidad de trabajo. Es por eso que, en la fase actual del modelo económico capitalista, la propiedad privada sobre los recursos naturales como el agua y la energía está creciendo.

El proceso de las privatizaciones de los años 90’s del siglo pasado impuso fuertes pérdidas al pueblo brasileño. Los servicios públicos y los derechos alcanzados históricamente por las luchas de la clase obrera fueron privatizados y convertidos en mercancías. Gran parte de las empresas estatales estratégicas fueron vendidas y cayeron bajo el control de las empresas privadas trasnacionales y, a la vez, la planificación de las instituciones políticas y las leyes reguladoras pasaron a ser capturadas y subordinadas para adaptarse a los intereses privados.

En el sector eléctrico, además de la entrega de las principales empresas estatales, la privatización representó el aumento de la explotación de los trabajadores, el encarecimiento de las tarifas para los consumidores y el desplazamiento de poblaciones afectadas por las represas. La industria de la electricidad se ha fraccionado, transformándose en diferentes negocios (generación, transmisión, distribución y comercialización de productos) organizados y dirigidos por el sistema financiero internacional. A esta práctica la especulación fijó altas tasas de interés, negociaciones de títulos en las acciones de las empresas privadas y públicas, deuda pública de valores, mercados de futuros, aseguradoras, etcétera.

Este modelo ha convertido la electricidad en una mercancía rentable. Los 64 millones de familias brasileñas son clientes residenciales directos, obligadas, por lo tanto, a pagar altos precios. El cálculo de la tarifa se realiza en función del precio base de la fuente energética internacional más cara, la generación térmica. Antes de la privatización, la tarifa se basaba en el costo de la producción hidráulica, la más barata. Por lo tanto,  el cabildeo de las empresas ha sido para ampliar aún más la explotación hidráulica y, más recientemente,  para presionar al gobierno brasileño a crear condiciones de rentabilidad similares a las de otras fuentes, en particular la eólica, y la solar.

João Zinclar, represa de Três Marias construida en el Alto Rio São Francisco, Minas Gerais

El Plan Decenal de Expansión de Energía 2014 del gobierno brasileño permite comprender mejor la contradicción energética existente en el país. Según los datos contenidos en este Plan, en 2013, 83 por ciento de la energía provenía de fuentes renovables, de las cuales 73 por ciento correspondía a electricidad generada en grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas. El  Plan también prevé en un horizonte hasta 2023 la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, principalmente en la región amazónica. Esto representaría un aumento de 57 por ciento de la energía eléctrica total generada en Brasil en diez años.

En este plan de expansión  es posible observar al menos 20 proyectos en la Amazonia,  principal frontera hidroeléctrica brasileña. Nueve de los cuales son estudios ya licitados y en proceso de construcción, siete están en fase de finalización de estudios y cuatro se encuentran  en las primeras etapas de análisis.

En Brasil es posible, entonces,  producir mucha energía hidráulica con garantía de lucro extraordinario para los inversionistas, anulación de los derechos de las familias afectadas,  explotación de los obreros en las construcciones y la venta de la energía a altos precios basados en las elevadas cotizaciones internacionales de la energía térmica.

Soberanía energética: una lucha estratégica. Hablar de soberanía energética es algo diferente de hablar de seguridad energética. La primera está relacionada con la capacidad de un pueblo a establecer y organizar la cantidad, la forma de explotación,  de distribución y el destino de la energía producida Esa lucha debe dar prioridad a la participación de la sociedad en la toma de decisiones acerca del sector energético. El Estado debe estar al servicio de la sociedad y no sólo de los intereses de algunos grupos económicos.

El Movimento dos Atingidos por Barragens (Movimiento de los Afectados por Represas, MAB) es una organización popular de masas que agrupa a familias, en todo territorio brasileño, afectadas por represas hidroeléctricas y por represas con otras finalidades. Las familias buscan derechos económicos básicos como indemnización justa, tierra y vivienda. En Brasil 70 por ciento de los afectados no tienen garantizados sus derechos. Esa situación empeoró con la privatización del sector eléctrico.

Más allá de las directrices económicas, el MAB busca el debate y la construcción de una alternativa política a ese modelo capitalista de energía, reuniendo a trabajadores del campo y de la ciudad alrededor de un proyecto energético popular que tenga la energía y todos los bienes naturales para el pueblo y su soberanía.

Para el MAB esa lucha debe considerar algunos puntos fundamentales, empezando por la afirmación de que la energía no es mercancía. Es necesario hacer de ella un bien de uso común y por eso es indispensable romper con la lógica de la propiedad privada.

Además, es necesario comprender que difícilmente alcanzará la soberanía energética un modelo económico centrado en la explotación de los recursos naturales para la exportación o en la generación de energía que impide la diversificación de las fuentes y da prioridad a la inversión en grandes centrales eléctricas, ya que esto facilita el control y el monopolio energético.

Para el Movimiento son prioridad la vida humana y los derechos de las y los trabajadores afectados. Así, todo proyecto hidroeléctrico debe respetar la autodeterminación de los pueblos y establecer procesos democráticos de participación donde quede claro la orientación de los proyectos, y sus verdaderos impactos sociales y ambientales.

La energía es un derecho de los pueblos y no una mercancía. No debe permitirse que grupos capitalistas poderosos se la apropien. Son inversionistas que destruyen la democracia para garantizar sus ganancias extraordinarias. Todas y todos los afectados de Latinoamérica deben estar unidos para construir una alternativa política que empiece un nuevo orden social, donde la vida humana sea la principal preocupación de la sociedad. Con todos los que están organizados en el MAB de Brasil, un grito fuerte resonará: “¡Agua y energía: con soberanía, distribución de las riquezas y control popular!”

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