Guerrilla del Araguaia

Victória Grabois
Presidenta del Grupo Tortura Nunca Más/Río de Janeiro (GTNM/RJ)  Traducción: Jimena de Garay Hernández

En 1966, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) inició el movimiento armado en la región del Araguaia con el objetivo de desencadenar una revolución para derrotar la dictadura civil-militar, instituida por la vía de un golpe de Estado desde 1964. En dicha región realizaron un trabajo de movilización con la población rural y crearon vínculos con ésta. Los militantes del PCdoB se instalaron en la región del Araguaia, sobre un área de seis mil 500 kilómetros cuadrados entre las ciudades de São Domingos y São Geraldo, del lado izquierdo del río Araguaia, localizado entre los estados de Pará, Goiás y Maranhão.

En el periodo de 1966 a 1967, después de definir la región donde sería iniciada la lucha guerrillera, el PCdoB destacó en la región de los ríos Araguaia-Tocantins los primeros cuadros que iniciarían los trabajos con la población campesina. La dirección partidaria escogió esta región porque ofrecía condiciones adecuadas: era una zona de mata, de difícil acceso, donde el armamento pesado del Ejército no llegaría, y los habitantes vivían en extrema pobreza, sobreviviendo de la caza, la colecta de la nuez amazónica y del babasú.

Al inicio de 1972, cerca de 70 personas formaban el contingente guerrillero. Gran parte de esos hombres y mujeres era oriunda del movimiento estudiantil, en el cual habían participado en importantes manifestaciones contra el régimen golpista entre 1967 y 1969. Cerca de 70 por ciento de los guerrilleros eran de clase media: estudiantes, médicos, profesores, abogados y geólogos. El otro 20 por ciento correspondía a campesinos reclutados en la región. Sólo el diez por ciento restante eran operarios.

En el inicio de los preparativos de la guerrilla, el partido contaba con dos frentes más, en los estados de Goiás y Maranhão.

Los guerrilleros formaron dentro de la selva tres destacamentos: A, B y C. Cada comando poseía 21 combatientes, divididos en grupos de siete, y en el centro de ese triángulo formado por los tres destacamentos se encontraba la Comisión Militar.

Los preparativos para la organización de la guerrilla en un área rural correspondían a la estrategia de guerra popular prolongada, inspirada en la revolución china y en los manuales de Mao TseTung. Cerca de 40 militantes del PCdoB tuvieron entrenamiento militar en China.

Según el Informe Arroyo, el 12 de abril de 1972 se inició la lucha guerrillera en el Araguaia. Cerca de 20 soldados del Ejército atacaron el principal punto de apoyo (PA) del destacamento A, entrando por São Domingos. El 14 de abril, unos 15 soldados atacaron el PA del Pau Preto del destacamento C, entrando por São Geraldo. En los primeros días de abril, algunos policías ya habían hecho incursiones por el área del destacamento A y C en búsqueda de informaciones sobre “los paulistas”, nombre usado por la población para referirse a los guerrilleros.

La primera ofensiva del Ejército se verificó cuando no se había terminado la preparación de los tres destacamentos para la lucha. A pesar de que los guerrilleros ya conocían, en parte, la región, las deficiencias todavía eran muy grandes: a muchos se les dificultaba orientarse en la mata y cazaban mal. No existía una red de información y comunicación ni organizaciones del PCdoB en las áreas periféricas y en los estados vecinos. A pesar de las dificultades, los guerrilleros lograron expulsar a las fuerzas represoras de la región durante dos incursiones realizadas por el ejército, en 1972.

En octubre de 1973, tuvo inicio la tercera y última expedición contra la guerrilla. En esta nueva campaña fueron movilizados, además de los que ya se encontraban en la zona, cerca de 750 militares específicamente entrenados para el combate directo a los guerrilleros, y que recibían apoyo de helicópteros y aviones. El gobierno de la dictadura asumió directamente el control de las operaciones, y dio la orden de no aprehender ningún guerrillero, todos debían ser asesinados. Se estima que en octubre de 1973, había en la región cerca de 60 guerrilleros, concentrados en un solo destacamento. Con las informaciones levantadas con los agentes infiltrados, los campamentos de la guerrilla fueron identificados y pasaron a ser atacados por pelotones especialmente entrenados. Además, los habitantes de la región también fueron intimidados, presos, torturados y humillados. Cerca de 700 personas fueron privadas de su libertad y la mayoría fue torturada

Búsqueda de huesos de la guerrilla en Araguai

En función de esas operaciones de aniquilamiento y eliminación de la guerrilla, ocurrieron innumerables detenciones, torturas y muertes durante las campañas, perpetradas por agentes militares. El Estado también realizó operaciones donde aprehendió a dirigentes y militantes del PCdoB que fueron torturados o ejecutados en Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo.

A lo largo de muchos años, el Estado brasileño negó las desapariciones ocurridas entre 1972 y 1975, y se opuso expresamente a proveer cualquier tipo de información y documentación oficial sobre los hechos y las muertes, así como la localización de los cuerpos.

Las décadas de 1960/70 se revelan como una época de prisiones, torturas y asesinatos, en el contexto dictatorial brasileño. En dicho clima de represión generado por el Estado, miles de demócratas fueron presos y torturados, decenas de brasileños fueron asesinados en los cuarteles militares o casas de “terror”, utilizadas por los militares como cárceles privadas.

Las madres de los opositores del régimen civil-militar, en especial las de los combatientes del Araguaia, iniciaron búsquedas solitarias, clandestinas e individuales, para localizar el paradero de sus hijos.

En 1982, se presentó a la Justicia Federal una acción de responsabilidad de la Unión, en el Distrito Federal, en la cual 22 familias de desaparecidos políticos en la guerrilla del Araguaia solicitaban el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes de 25 guerrilleros, así como la localización de los restos mortales y las respectivas actas de defunción de dichos militantes.

Sin embargo, la sentencia aún no es ejecutada. Debido al retraso para obtener una decisión judicial, en 1995, los familiares enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra la República Federativa del Brasil, solicitando informaciones de la localización de los restos mortales y las circunstancias de los desaparecidos de la guerrilla del Araguaia. Finalmente, el 24 de noviembre de 2010 fue dada la sentencia favorable a los familiares de los guerrilleros desaparecidos del Araguaia, que hasta hoy no ha sido cumplida.

Los autores de la demanda del Araguaia esperan que el Estado brasileño cumpla la sentencia proferida por la Corte Interamericana y colabore para poner punto final a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del pasado, lo que podrá contribuir con el fortalecimiento de la administración de la justicia en Brasil. Asimismo, presionan al Estado para que adopte medidas concretas para eliminar los obstáculos que se imponen a la conquista de una justicia eficaz. Se busca la verdad sobre lo ocurrido y una satisfacción necesaria a los familiares y a la sociedad brasileña como un todo.

La comisión campesina de la verdad:
construyendo la memoria de
las luchas sociales del campo

FabrícioTeló*, Iby Montenegro de Silva** y Marco Antonio Teixeira*** *Estudiante de doctorado en Desarrollo Agrícola de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ) **Maestro en Desarrollo Agrícola de la UFRRJ ***Estudiante de doctorado en Sociología del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP/UERJ)  Traducción: Alejandra Estevez

Reunión de la Comisión Campesina de la Verdad. Foto tomada el 6 de mayo de 2013 FOTO: Contag

La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) fue creada por el Estado brasileño en noviembre de 2001 y ha tenido efectos importantes en el debate sobre justicia de transición en el país, que comprende un conjunto de medidas jurídicas y políticas cuyo objetivo es facilitar el paso desde regímenes arbitrarios, dictatoriales o violentos hacia regímenes democráticos. Luego de la instauración del mandato de la CNV, muchas unidades de la federación han creado comisiones de la verdad. También desde la sociedad civil han surgido comisiones que se unieron a otros grupos que participan desde hace años en las discusiones sobre verdad, memoria y justicia.

Entre las comisiones creadas después de la CNV, la Comisión Campesina de la Verdad (CCV) ha sido la más importante en el debate sobre los problemas del campo. Surgió a partir de la Declaración del Encuentro Nacional Unitario de los Trabajadores y Trabajadoras y Pueblos del Campo, de las Aguas y de las Florestas, realizado en 22 de agosto de 2012. Los movimientos sociales y las organizaciones que firmaron el documento se comprometieron a luchar porque el Estado asuma su responsabilidad en la muerte y desaparición forzada de campesinos y reconozca los derechos de reparación a sus familiares.

El principal objetivo de la CCV hasta la fecha ha sido producir un informe sobre casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en la zona rural de Brasil entre 1946 y 1988. El trabajo involucra a representantes de movimientos sociales del campo y a una red nacional de investigadores comprometidos con el tema.

El informe final fue entregado a la CNV en diciembre de 2014. Son 452 páginas, con más de 70 casos de violaciones de los derechos humanos en el campo en todas las regiones del país. Anexo a este informe hay una lista de 663 campesinos que aparecieron en investigaciones de la policía militar o en procesos de la Justicia Militar durante el régimen. Once de ellos fueron asesinados, 34 torturados y 132 detenidos. Hay además una segunda lista, con mil 196 campesinos y sus partidarios muertos o desaparecidos entre 1961 y 1988.

Al enumerar estos casos emblemáticos, la Comisión Campesina, más allá del relato de las violaciones sufridas por los campesinos y sus apoyadores, quiere colaborar para desarrollar una interpretación que explique la estructura de la represión en el campo. En este esfuerzo, al menos tres puntos son fundamentales en el informe.

En primer lugar, la defensa de una comprensión más amplia de las graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura que aquella contenida en la ley de creación de la CNV (Ley número 12.528, de 18 de noviembre de 2011). Además de las torturas, los asesinatos, el ocultamiento de cadáveres y las desapariciones forzadas –todo ello violaciones graves-, los campesinos han sido desalojados, han tenido sus bienes destruidos, sus derechos laborales violados y sus entidades organizativas cerradas, entre otras violaciones de los derechos. Expandir el entendimiento en este ámbito es fundamental para que se reconozcan las diversas situaciones de represión que afectaron a los trabajadores en el campo.

Reproducción de la obra Mutirão em Novo Sol, en el Encuentro Unido de los Trabajadores y Trabajadoras de Pueblos del Campo, de Aguas y de la Flora. Foto tomada el 21 de agosto de 2012 FOTO: Iby Montenegro de Silva

El informe de la CCV también apunta a la necesidad de considerar al Estado como partícipe en las violaciones de derechos no solamente cuando se constata su acción directa, sino también cuando existe colusión, encubrimiento, omisión y “privatización” de su acción (con la participación de los terratenientes como brazo privado de la represión). La CCV espera con esto resaltar la vinculación entre agentes públicos y privados en la violación de los derechos humanos de campesinos y sus partidarios entre 1946 y 1988.

Por último, se destaca en el informe el debate sobre memoria y reparación. La Comisión identificó que hay un proceso político y social de “invisibilización” de las luchas y resistencias campesinas, acompañado de una negación sistemática de la reparación a campesinos. Los pocos casos investigados por la Comisión de Amnistía y la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos –instituidas por el Estado en 1995 y 2002, respectivamente- demuestran el “olvido” de los campesinos en el proceso de reparación. La CCV señala la importancia de reconstruir la memoria campesina y la historia desde el punto de vista del campesino, reforzando su protagonismo en la resistencia a la dictadura. Para, a partir de ello, dar visibilidad pública a las violaciones cometidas por los agentes estatales y privados contra los hombres y las mujeres del campo; fortalecer la inserción del campesino en los debates sobre la dictadura civil-militar y su brazo privado, el latifundio; construir caminos hacia la justicia y la reparación y, por tanto, reducir la impunidad que marca el campo brasileño en el pasado y el presente.

El informe de la CCV debe ser visto como una contribución central de los movimientos sociales y de los investigadores para la lucha por la memoria, verdad y justicia. El esfuerzo de diálogo y cooperación entre ellos ha ayudado a traer al debate el carácter de la represión en el campo, y ha denunciado el poco reconocimiento público de los campesinos afectados por la represión y su baja inclusión en los instrumentos de justicia de transición. La continuidad de ese debate y la realización de acciones de justicia y reparación permanecen abiertas.

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