El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) instruyó al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informar sobre el número de personas detenidas por posesión de más de cinco gramos de mariguana, o por narcomenudeo, hasta el primero de octubre de 2015.

Joel Salas, comisionado ponente, expusó que al declarar inexistente la información el SNSP no siguió cabalmente el procedimiento establecido en la ley para requerir los datos a sus unidades administrativas.

Lo anterior, sostuvo, muestra que hay vacíos de información, cuando la solicitud que presentó un particular daría luz sobre las capacidades institucionales para distinguir entre consumidores, farmacodependientes y vendedores de droga, así como destinar adecuadamente los recursos humanos y materiales del Estado para combatir la delincuencia.

Resaltó la importancia de conocer al respecto, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en favor de un amparo promovido por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, autorizando el uso de mariguana con fines lúdicos.

“La información solcitada es fundamental para analizar el narcomenudeo en el país. Algunas voces se han levantado, tanto en México como en otros países, para argumentar que es necesario reorientar el gasto gubernamental hacia intervenciones para reducir la demanda y los daños. Éstas podrían ser menos costosas y más efectivas”, añadió.

Insistió en que el fallo de la Corte ha detonado el debate público y, frente a estas propuestas, las autoridades competentes están obligadas a considerarlas y evaluar si conviene incorporarlas al marco legal y a las políticas públicas de seguridad, salud y educación pública. Esto significa un ejercicio de revisión en ambos sentidos que debe ocurrir mediante la discusión informada y participativa en que estén involucrados actores de todos los poderes y niveles de gobierno, así como de la ciudadanía, apuntó.

En otro tema, el Inai también instruyó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) entregar copia del disco compacto que a su vez dio a Pemex Exploración y Producción con información relacionada con los servicios para la elaboración de estudios ambientales en suelo, subsuelo, agua y aire por la contingencia ocurrida en 2013 en el pozo Terra 123 en Nacajuca, Tabasco, donde una fuga se descontroló y propició la combustión de hidrocarburos por 55 días desde el 30 de octubre de ese año.