La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por la detención ilegal de dos activistas de la comunidad yaqui, y pidió que se otorgue una indemnización a los agraviados, quienes fueron aprehendidos por agentes de las policías Federal Ministerial y Estatal Investigadora, y acusados de robar un vehículo y privar de la libertad a otro miembro de la misma comunidad. La CNDH radicó el expediente CNDH/4/2014/6148/Q, en el cual acreditó que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso en agravio de los dos activistas. Antes de su detención, el 11 y 26 de septiembre de 2014, una de las víctimas advirtió de diversas acciones en su contra desde el gobierno estatal como parte de una estrategia de criminalización contra varios líderes yaquis que encabezaban la lucha por la defensa del agua ante la construcción del Acueducto Independencia, que intentaba implementar el entonces gobernador Guillermo Padrés.