Sao Paulo.

Decenas de miles de personas protestaron este miércoles en 30 ciudades de Brasil en rechazo a lo que consideraron un intento de golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, que encara un juicio político que podría terminar con su destitución.

Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia pospuso para este jueves el fallo sobre la continuidad en el Congreso del juicio político contra la mandataria por el delito de responsabilidad fiscal, en momentos en que la fiscalía general pidió que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien abrió el proceso de impeachment contra Rousseff, sea apartado del cargo por actuar en beneficio propio.

¡No habrá golpe!, gritaban los manifestantes, en su mayoría vestidos de rojo, color del izquierdista Partido de los Trabajadores, de Rousseff.

Las movilizaciones, convocadas por centrales sindicales y movimientos sociales, reunieron a 45 mil personas según la policía, y a 275 mil según los organizadores, informó el portal G1 de Globo.

La dilación en el Tribunal Superior obedeció a una simple cuestión de tiempo: el voto del ministro Edson Fachin consumió la sesión completa y se espera que este jueves puedan dar su parecer los restantes 10 ministros.

El parecer del máximo tribunal podría obligar al Congreso a reiniciar el trámite que determine la admisibilidad del pedido de juicio a la mandataria –presentado por un grupo de juristas y apoyado por la oposición– por realizar maniobras fiscales que son práctica común en Brasil.

La semana pasada, en votación secreta, se eligió en la Cámara de Diputados una comisión legislativa que analizará si el procedimiento de impeachment debe proseguir. Pero congresistas aliados del gobierno cuestionaron la constitucionalidad de dicha comisión ante el STF, que suspendió el proceso hasta este miércoles. Los legisladores pidieron a los jueces que clarifiquen si la votación debió haber sido pública, si la mandataria no tiene derecho a una defensa previa y si el Senado no debe ratificar una potencial decisión afirmativa de los diputados para separarla del cargo.

El plenario del STF de esta jornada fue un paso más en la judicialización del impeachment, salpicado de recursos jurídicos mucho antes de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidiera aceptar uno de varios pedidos de destitución de la presidenta presentados este 2015.

Según el rito aceptado hasta el momento, Rousseff será suspendida de la presidencia por seis meses si la cámara baja aprueba con dos tercios de los votos un eventual parecer positivo de la comisión investigadora.

En ese caso, el Senado debe juzgar a la presidenta y decidir su destitución.