La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reiteró su exhorto al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Secretaría de Seguridad Pública para que otorguen un periodo de gracia en la aplicación de las multas previstas en el nuevo Reglamento de Tránsito, que entró en vigor ayer.

Al presentar al pleno el punto de acuerdo, la diputada del grupo parlamentario del PAN Wendy González Urrutia advirtió que el nuevo ordenamiento presenta varios problemas para la imposición de sanciones, como la determinación de los montos máximos y mínimos previstos para algunas disposiciones.

En su propuesta, la legisladora planteó una moratoria hasta el próximo primero de febrero, pero al existir ya un anterior acuerdo aprobado por el pleno, en el que se propuso una prorroga de 60 días posterior a la entrada en vigor del ordenamiento, el diputado de Morena Alfonso Suárez de Real reiteró al fijar un posicionamiento sobre el punto, el llamado al gobierno central para que lo adopte.

Manifestó además preocupación por que algunas sanciones resultarán onerosas luego de que no se tomó en cuenta el llamado del gobierno de la ciudad para iniciar una política de recuperación del salario mínimo.

El exhorto aprobado por el pleno del órgano legislativo plantea, entre sus puntos, la necesidad de definir los criterios que deberán asumir las autoridades para fijar los montos máximos y mínimos de la sanción, así como una definición clara sobre el concepto de insulto proferido contra un agente de tránsito que señala el reglamento, así como lo que debe considerarse como uso excesivo del claxon.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Transportes y Vialidad del órgano legislativo, Francis Pirín Cigarrero, del PRD, reconoció la necesidad de dirigir un exhorto a la Consejería Jurídica a efecto de iniciar un proceso de revisión de la norma en el tema de los mínimos y máximos de las infracciones.

Recordó que su partido fue el que propuso en la sesión anterior el plazo de 60 días, el cual fue aprobado por el pleno al haber una preocupación real de los ciudadanos y llamó la atención de la policía capitalina sobre el hecho de que los agentes de tránsito que están autorizados para aplicar las sanciones no estén debidamente identificados.

El acuerdo de la ALDF plantea además crear un fondo con los recursos que se recauden por concepto de multas e infracciones de este nuevo reglamento que se destine a crear infraestructura para la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.