El debate nacional en torno al consumo de la mariguana no consistirá en aplicar un referendo o promover la apertura a su consumo entre jóvenes, sino una oportunidad para definir criterios legislativos y políticas públicas en la materia.

Nadie está pensando que los jóvenes consuman mariguana. Hay posiciones distintas en torno a otros temas, pero en México nadie, ni siquiera los grupos que propugnan por un esquema de liberalización total, plantean que los jóvenes consuman legalmente mariguana, dijo Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en entrevista con La Jornada.

La convocatoria gubernamental para discutir y analizar el tema de un modo amplio y transparente se deriva de una instrucción presidencial, emitida el 9 de noviembre, cuatro días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Arturo Zaldívar para amparar a cuatro personas, quienes ahora pueden consumir mariguana con fines recreativos.

El subsecretario Campa, uno de los responsables de organizar el debate, dijo que el planteamiento del ministro Zaldívar es sólo para adultos “y tiene que ver con una razón médica. Igualmente pondera el derecho a la libertad de elegir en torno a ese consumo y el derecho a la salud (eventuales consecuencias del suministro en mayores).

Esto no es aplicable de ninguna manera cuando se trata de jóvenes. Los estudios médicos además acreditan que cuando el cerebro no está maduro, el daño de la mariguana es muchísimo mayor. Hay puntos de vista distintos en torno a las cuestiones de salud, (pero) no lo hay, en ningún caso, en torno a que el consumo de mariguana en menores tiene efectos mucho mayores, mucho más graves que cuando el cerebro terminó de madurar, señaló.

El doctor Rafael Camacho, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, propone que cualquier esquema de regulación se dé a partir de los 21 años, de acuerdo con la maduración cerebral, y no a los 18, la mayoría de edad relacionada con convenciones políticas. En este caso, dijo, se requiere una base de razones médicas-fisiológicas.

El gran reto en el debate, subrayó, es encontrar un espacio de acuerdo que permita avenir posiciones. En un tema tan complejo debemos obtener consensos básicos que garanticen un marco legal y de política pública que responda a este problema, señaló.