En una ceremonia en la que se escucharon varias veces las consignas: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¡Justicia, justicia!, el presidente Enrique Peña Nieto suscribió las iniciativas de leyes generales para prevenir y sancionar delitos en materia de desaparición de personas y contra la tortura, las cuales fueron enviadas ayer mismo al Congreso.

En la ceremonia en que entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 a la religiosa Consuelo Morales Elizondo, en la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman Luis Raúl González Pérez aseguró que el problema de las desapariciones en México es una cuestión dramática. Dijo que al día de hoy el país aún no ha honrado la deuda y el compromiso que tiene con las víctimas de este delito ni con la sociedad.

Señaló que la agenda nacional de derechos humanos tiene múltiples pendientes y desafíos que demandan atención urgente. México tiene prisa, las víctimas han esperado demasiado. Si efectivamente se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones, es preciso que las propias instituciones emprendan un cambio de rumbo, escuchando a la sociedad y asumiendo como eje y parámetro de sus actos los derechos humanos.

Amplio proceso de consulta

Al anunciar el envío de las iniciativas al Congreso, el presidente Peña Nieto afirmó que éstas fueron elaboradas con las propuestas surgidas de la sociedad civil, en un amplio proceso de consulta que incluyó organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Singular y efusiva fue la ceremonia de reconocimiento a la religiosa regiomontana, quien desde hace más de 22 años trabaja en pro de los derechos humanos, especialmente en el ámbito penitenciario y con familiares de desaparecidos.

Se efectuaron varias sesiones en las que hubo prolongados aplausos en amplio consenso del premio concedido. Su nombre, ¡Consuelo, Consuelo!, fue coreado varias veces.

En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, ante Peña Nieto y varios integrantes del gabinete legal y ampliado, esas voces –muchas de familiares de desaparecidos y de integrantes de organizaciones civiles y centros de derechos humanos– también lanzaron hasta en cinco ocasiones las consignas con que exigen el regreso con vida de los jóvenes normalistas y la justicia negada a 15 meses de su desaparición. ¡Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están!, fue otra consigna coreada durante el desarrollo de la ceremonia en Los Pinos.

El Presidente delineó el contenido de las iniciativas. En la de desaparición de personas se propone la creación de cuatro instrumentos básicos: un sistema nacional de búsqueda, un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, un registro nacional forense y un consejo nacional ciudadano, integrado éste por defensores de derechos, especialistas y familiares de las víctimas, cuyo objetivo será asesorar y emitir opiniones al sistema de búsqueda.

Acerca de la iniciativa de ley general contra la tortura el jefe del Ejecutivo federal explicó que se propone la creación de una unidad especializada de investigación; un mecanismo nacional de prevención, que estaría integrado por los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los estados, así como un registro nacional de los delitos de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.

Señaló que si ambas iniciativas son aprobadas, por primera vez se definirán a escala nacional, con claridad y precisión, las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos humanos.

En la ceremonia, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que los problemas y retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos no se limitan, con toda la gravedad que estos hechos implican, a San Fernando, Tlatlaya, Iguala o Apatzingán: pasan por todas las personas desaparecidas, cuya situación está en espera de ser definida y sus casos investigados; por el conjunto de fosas clandestinas y de restos humanos hallados en las mismas, cuyo número exacto está pendiente y cada caso por investigarse.

Sostuvo que la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses políticos o de cualquier otra naturaleza, como tampoco regirse por un parámetro diferente a la búsqueda de la verdad.

En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Peña Nieto entregó una mención honorífica a Sandra Jiménez Loza por su trabajo comprometido en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad.