asta ahora ha sido rotunda e implacable la operación contra el osado fiscal Santiago Nieto Castillo: el linchamiento mediático (con la filtración de una magnificada irregularidad en el expediente a partir del cual fue designado por senadores al frente de esa Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la Fepade), la descalificación política (con los emblemáticos Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón profundamente indignados de que alguien hubiera omitido información o mentido para ocupar un cargo público) y, como cereza del pastel maloliente, la negativa de una juez a ordenar la aprehensión del intocable Arturo Escobar, inequívoco partícipe en actos de delincuencia electoral organizada (DEO) en los pasados comicios de junio.

No se exagera al decir que se está frente a un mensaje mafioso: es ejemplarmente atemorizadora la concertada pretensión de exculpar a Escobar (uno de los más destacados operadores de un partido, el Verde, ostentosamente infractor del orden jurídico) sólo por los sucios servicios prestados a quienes hoy tienen el poder. La manta colgada a lo largo de algún puente institucional lleva como recado el que nadie se atreva a creer posible la aplicación de la letra legal contra algún favorito o protegido de la banda política dominante. Para que aprendan a respetar, recomendaría alguna cartulina rojiverde colocada en el despacho del presunto hereje, con toda la fuerza sexenal volcada al salvamento del aliado en riesgo de acción penal: destituir al fiscal Nieto y restituir al infractor Escobar, rescatando al soldado verde.

Es la Mafia Platino, que es una derivación de los Tarjeteros Unidos, un cártel político que ha llegado al poder a base de billetazos (así diría aquel panista ocurrente y contradictorio llamado Gustavo Madero), repartiendo dinero a sus operadores a través de Monex y premiando con plásticos Soriana a los vendedores de votos. Los habilidosos dirigentes del partido de las cuatro mentiras (PVEM) sublimaron en junio de este año (en los comicios llamados intermedios) las siempre mal comprendidas artes de la defraudación electoral: elevaron a nivel de confesión pública lo que antes se buscaba mantener en discreción, así que atiborraron escandalosamente a los mexicanos de regalos, tarjetas bancarias, cineminutos y propaganda cínica, apostadores prácticos a la consecución del voto en caliente aunque luego llegaran las sanciones en frío, ya con cargos públicos en la bolsa.

La Fepade, cuya titularidad fue repartida al estilo de las rebanadas del pastel que se usa en los altos niveles de la política (en esta ocasión, entregándola a alguien cercano al perredismo, tanto que Nieto Castillo había sido asesor del sol azteca en el Senado, con el beltronista-perredista Miguel Barbosa como negociador de las tajadas), decidió, ante las evidencias de los ilícitos cometidos por Escobar y el Verde, enviar el expediente del caso a un juzgado, para que se librara la correspondiente orden de aprehensión contra el presunto culpable, el entonces subsecretario de gobernación encargado de manera aberrante de la prevención del delito. Dicho paso procesal desató enojos supremos, una especie de convicción de que se habían traicionado los acuerdos básicos que permiten continuar con el negocio de los cargos distribuidos entre socios que a fin de cuentas cuidan las ganancias. De ahí vino la embestida casi siciliana, el intento de destrucción del infiel.

Ayer mismo, para dar otro testimonio involuntario de las presiones que rodean al caso, el fiscal Nieto Castillo anunció una conferencia de prensa a las 13 horas, misma que no se realizó. Más tarde, la procuradora Arely Gómez informó que la PGR estudiará la posibilidad de apelar o no del resolutivo de Rosa María Cervantes Mejía, la titular del juzgado decimoprimero de distrito de procesos penales federales en el DF (por cierto, la propia Arely Gómez fue subprocuradora especializada en asuntos electorales en 2006; en 2012 llegó al Senado a nombre del PRI, a través de la comodidad de las listas nacionales, y de ahí, priísta en plenitud, pasó a la PGR).

Lo que hasta ahora se ha visto marca con claridad el rumbo que el peñismo pretende imponer a las próximas elecciones, las estatales del año venidero, en las que el PRI buscará quedarse con nueve de 12 gubernaturas, dejando alguna al PAN (¿Puebla o Veracruz?), otra al PRD (¿Oaxaca?) y otra a Morena (¿Zacatecas, con David Monreal?), y las presidenciales de 2018. Es premonitorio el echar a caminar la maquinaria mediática, político y judicial para aplastar a un fiscal que teóricamente goza de autonomía técnica respecto de la Procuraduría General de la República, y hacer que un juzgado de distrito se declare sin materia para librar orden de aprehensión contra alguien que hasta hace días era un subsecretario de Gobernación protegido por Los Pinos.

Astillas

Simón Levy Dabbah, es decir, Miguel Ángel Mancera, no se dan por vencidos, así que luego de que una consulta pública canceló en sí el proyecto motejado como Shopultepec, ahora han dado a conocer la intención de crear otros corredores de estilo similar y, en ese sentido, ya se emitió la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una concesión para usar, aprovechar y explotar hasta 116 mil metros cuadrados en y bajo el polígono que comprende parte de la avenida Chapultepec y la vía pública que circunda la Glorieta de los Insurgentes. Negocios son negocios… eso sí: los chilangos tendrán entretenimiento con la reforma política, una concesión al perredismo mancerista y una maniobra más del PRI en busca de recuperar el control de la capital del país.

Y, mientras en Chiapas sube de grado el enfrentamiento entre maestros y policías estatales y federales, ¡hasta mañana, con el ex gobernador sonorense Guillermo Padrés (panista) bajo justificado (incluso tenue) amago de diligencias judiciales relacionadas con corrupción (todo sea por posicionar al priísmo beltronista como justiciero), mientras el ex gobernador de Nuevo León (priísta) ya no es afectado ni por alguna arenga desbalagada del ex Bronco sucesor, Jaime Rodríguez Calderón!

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