Río de Janeiro.

Brasil vivió este miércoles otro día de confusión sin fin, con un grandioso espectáculo que evidencia hasta qué punto se llegó al impasse en el escenario político. La decisión de la Suprema Corte de aceptar una queja presentada por el Partido Comunista do Brasil denunciando la maniobra del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del pasado martes, podrá paralizar los trabajos en la cámara baja.

De dicha maniobra resultó la elección de una Comisión Especial de diputados, integrada mayoritariamente por quienes defienden la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Frente a la decisión del tribunal supremo, que concretamente impide que se avance en los procedimientos que tienen por objetivo destituir a la mandataria, este miércoles Cunha –a la vez personaje central y símbolo máximo del nivel de degradación a que se llegó en el Congreso– dijo que mientras no se conozca el dictamen de la Suprema Corte, lo que deberá ocurrir el miércoles 16, la Cámara de Diputados no tendrá condiciones de trabajar. O sea, no habrá sesiones en el pleno.

En otra maniobra, el mismo Cunha intervino de manera escandalosa en el Consejo de Ética de la cámara baja que lo juzga por recibir 5 millones de dólares en sobornos en el escándalo de Petrobras y ocultar cuentas bancarias en Suiza. En el preciso momento en que el consejo estaba a punto de votar el informe del diputado Fausto Pinato, relator del caso, recomendando al pleno condenar a Cunha por falta de decoro parlamentario, un acto de la mesa directiva determinó que todo volviera al punto cero. El diputado fue alejado de la relatoría, y su decisión, ignorada.

¿Quién controla la mesa directiva? El presidente de la Cámara de Diputados, claro. Sin ningún temor al escándalo, Cunha y sus seguidores atropellaron toda noción de decencia. El presidente del Consejo de Ética anunció que denunciará a Cunha ante la Suprema Corte por maniobrar para impedir que se cumpla lo que dicta el reglamento interno. Precavido, en la misma noche del miércoles el presidente de la Cámara de Diputados envió un pedido de protección preventiva a los más altos magistrados de la justicia. En definitiva, su arsenal de chicanas y jugadas turbias parece inagotable.

El país contempla, atónito e indignado, este escenario. Y ve cómo crece el volumen de malas noticias para Dilma Rousseff que, pese a estar debilitada, resiste. Donde no se ve el dedo de Cunha se notan con claridad las huellas digitales de su partido, el PMDB, cuya eterna división interna parece haberse inclinado con fuerza hacia el bando dispuesto a destituir a la mandataria para que asuma el vicepresidente Michel Temer, líder del partido.

Ayer, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) anunció que rechazará la defensa de Dilma contra las acusaciones de irregularidades en las cuentas del gobierno. El TCU, pese al nombre sonoro, no es exactamente un tribunal: es un órgano asesor del Congreso con la misión de examinar las cuentas públicas y determinar irregularidades. Rousseff es acusada de hacer exactamente lo mismo que hicieron todos sus antecesores. Y más: el TCU la acusa de irregularidades cometidas en 2015, a pesar de las cuentas de este año todavía no se han cerrado. La última palabra la tendrá el Congreso.

En este caso específico, se avistan maniobras de sectores del PMDB interesados en mantener su poder de trueque con el gobierno. La condena de Dilma prolongará aún más su agonía. Rechazar el informe del TCU es la solución, pero, como todo en la política brasileña, hay un precio. Que será, por supuesto, cada vez más elevado.

Siguiendo en la farsa burlesca de la alianza PMDB-PT, Michel Temer, el vicepresidente que no piensa en otra cosa que no sea ocupar el sillón de la presidenta, sigue moviéndose con elegante soltura en el campo adversario. Desde el fin de semana mantiene reuniones con posibles integrantes de su futuro gabinete.

La noche de este miércoles, por ejemplo, antes de mantener un encuentro formal con Dilma Rousseff, recibió a senadores de su partido para hablar del proceso de destitución de la mandataria.

Mientras perdura la parálisis impuesta al gobierno, la vida cotidiana sigue a tropiezos. Este miércoles de turbulencia se supo que la inflación anualizada superó 10 por ciento, y que las sacrosantas agencias calificadoras de riesgo advirtieron que en cualquier momento podrán rebajar la nota soberana de Brasil.

Parte sustancial de la opinión pública manifiesta un claro rechazo a lo que ocurre. Sondeos recientes indican que para 81 por ciento de entrevistados Eduardo Cunha debería ser inmediatamente expulsado no sólo de la presidencia de la Cámara de Diputados, sino de la vida política.

Pese a ello, lo que se puede prever es la continuación de esta turbulencia, a menos que la Suprema Corte intervenga. Al mismo tiempo, surgen señales de que el avance de la tropa que quiere liquidar el mandato conquistado por la presidenta en las urnas enfrentará resistencia popular.

El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva dice que resistirá a la aventura golpista e irá a las calles a defender el mandato legítimo de su sucesora. Pese al desgaste que ha sufrido, Lula sigue siendo el líder político más fuerte del país. Y advirtió que, como él, millones de brasileños sabrán resistir.