La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta –enviada por el Senado– por la que se expide la ley de transición energética, incorporándole un cambio en el artícu­lo vigésimo segundo transitorio, con objeto de que los industriales que en el año 2018 no tengan acceso a certificados de energías limpias –porque no cumplieron con la obligación de levantar plantas generadoras acordes con esas características– puedan diferir esa obligación hasta en 50 por ciento, por un plazo de dos años.

Georgina Trujillo Zentella (PRI) argumentó que con ello se flexibiliza la nueva legislación y da certeza a los participantes obligados para que trasladen hasta la mitad de sus obligaciones. Con ello se extiende el cumplimiento de metas y responsabilidades de usuarios calificados.

No se exige de golpe y porrazo el cumplimiento de la meta que México se propuso en la Ley de Cambio Climático desde 2008. Tampoco es una obligación que 35 por ciento de las energías totales que se consuman en el país provengan de fuentes renovables y limpias.

Es decir, en 2018 se espera que esa proporción sea de 25 por ciento, y de 30 por ciento para 2021. Es gradual, pero finalmente se va a enmarcar en una discusión que se ha tenido durante muchos años y que recoge compromisos que acabamos de ratificar en París, Francia.