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Aprueba Edomex ley antisecuestro y órgano que manejará bienes

Cambian comisionado de Seguridad de Jalisco ante reciente ola de asesinatos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2015, p. 37

Guadalajara, Jal.

El titular de la Fiscalía General de Jalisco, Eduardo Almaguer, destituyó a Alejandro Solorio Aréchiga como comisionado estatal de Seguridad Pública y nombró a Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, en medio de una ola de asesinatos que ha ido en aumento desde octubre en la zona metropolitana de Guadalajara.

El promedio de asesinatos aumentó a poco más de tres al día y 80 por ciento se atribuyen al crimen organizado, según el fiscal.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses calcula que hasta el pasado 7 de diciembre se habían realizado mil 126 autopsias por homicidios, 632 cometidos con armas de fuego.

Este martes se informó de tres asesinatos y del secuestro de un agente de la Fiscalía Estatal, quien fue abandonado en Tlaquepaque, golpeado y con las manos atadas.

Mientras, diversas organizaciones han pedido que se declare alerta de género en el estado, pues la incidencia de asesinatos de mujeres ha aumentado 200 por ciento este año en comparación con 2013.

Velázquez Ruiz es abogado. Tiene 20 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde fue director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y desde febrero era fiscal regional.

En el estado de México, las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y procuración y administración de justicia del Congreso local aprobaron la Ley para prevenir, atender y combatir el secuestro en esta entidad.

Datos de la Procuraduría General del Justicia mexiquense refieren que en los primeros 10 meses del año se iniciaron 124 investigaciones por secuestro. La nueva ley obliga a los ayuntamientos a emprender acciones para prevenir este delito y proteger a las víctimas.

Los diputados locales también aprobaron crear el Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio, por medio del cual las autoridades administrarán y dispondrán de los bienes confiscados.