uerrero vive asolado por el crimen. Es uno de los estados más inseguros del país. No hay región en la entidad que esté a salvo de la violencia. Tan sólo durante noviembre se perpetraron allí 172 asesinatos, 79 en Acapulco.

No es extrañar, pues, que el pasado 3 de diciembre se haya enviado a la perla del Pacífico a 6 mil policías federales. Desafortunadamente no llegaron a cuidar a los ciudadanos de las bandas delincuenciales. Su misión fue otra: resguardar las instalaciones de Fórum Mundo Imperial, donde se evaluó a los docentes. Los gendarmes fueron enviados no a perseguir hampones, sino maestros insumisos.

El promedio no está mal: 6 mil uniformados para cuidar a 2 mil 77 maestros examinados. Es decir, tres policías por docente.

Sin embargo, pese al enorme despliegue policiaco, las autoridades educativas no pasaron la prueba de la evaluación. Una espontánea rebelión en la granja la descarriló. E, incapaces de admitir su responsabilidad en la desorganización del acto, se apresuraron a culpar a los maestros de lo sucedido. Fue un sabotaje fallido, dijeron.

La historia de lo sucedido el 4 de diciembre en Acapulco es diferente a como la presentó Aurelio Nuño. Aunque no se permitió el acceso de los reporteros al recinto hasta las 4 de la tarde (y sólo después de que protestaron y fueron amagados por los antimotines), las inconsistencias del relato oficial pueden constatarse revisando tres videos que tuvieron amplia difusión en redes sociales y medios electrónicos, y testimonios aparecidos en La Jornada Guerrero, El Sur de Acapulco y el canal de televisión de Excélsior.

Unos 3 mil profesores de diversas instituciones y niveles educativos fueron trasladados al puerto desde el día anterior, y hospedados en hoteles de lujo, como el Princess, Pierre Marqués y Resort Mundo Imperial, pertenecientes al grupo Autofin, del empresario Juan Antonio Hernández.

No todos los docentes que asistieron a la prueba eran parte del grupo de notificados. Fueron incluidos maestros que se apuntaron al final porque la autoridad les ofreció beneficios personales. También participaron trabajadores al servicio del gobierno del estado que nada tienen que ver con la educación, a los que se les pidió que asistieran y se hicieran pasar por profesores.

A las 5 de la mañana los examinados se concentraron en el lobby de los hoteles, pues debían estar en Fórum Mundo Imperial entre 5:30 y 6:30. Según el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, llegaron 2 mil 630 maestros. Para ingresar a las instalaciones pasaron retenes policiacos dotados de equipo antimotines y unas enormes barras metálicas. Presentaron su identificación oficial y su hoja de notificación. Ya dentro del edificio desayunaron huevo con papas.

A las 8 de la mañana comenzó la prueba. Poco después de las 9:30, un grupo de maestros de educación física reclamó al secretario de Educación la falta de computadoras para hacer el examen. Esto, a pesar de que allí había equipos de cómputo empacados, que no fueron instalados. Otros profesores estaban molestos porque no podían ingresar al sistema por fallas en el programa.

El secretario ofreció que los que no habían alcanzado computadoras podrían hacer el examen cuando sus compañeros terminaran el suyo. A los afectados les pareció una respuesta muy poco seria: llevaban horas esperando.

Fue cuando dos maestras inconformes fueron jaloneadas por agentes uniformados y otros profesores más empujados por antimotines. Ofendidos, algunos profesores comenzaron a gritar: ¡Que se vayan los policías, no somos delincuentes!, mientras otros exclamaban ¡vámonos!, ¡son las mismas ratas!, y otros más ¡sí se puede, sí se puede! y ¡júntense, júntense! En ese momento varios docentes apagaron sus computadoras, hasta que, finalmente se desconectó el sistema.

En pleno desorden, convencidos de que no había garantías para hacer el examen, muchos maestros trataron de abandonar el recinto, pero los guardias quisieron impedirlo. Y, cuando el gobernador Héctor Astudillo llegó a Mundo Imperial, personal de la secretaría de Educación estatal ofreció dinero a los docentes para que siguieran realizando la prueba.

Finalmente, cuando horas después las autoridades pudieron restablecer el orden, la evaluación continuó en medio de múltiples anormalidades. Con permiso de la autoridad, muchos maestros que la presentaron respondieron las preguntas en grupo o consultando manuales.

Más que ser resultado de una nueva edición del caballo de Troya protagonizada por la disidencia magisterial, lo que propició el descalabro del examen docente en Guerrero fue la suma de la torpeza gubernamental para operarlo, y el enorme malestar del magisterio (incluso del que está dispuesto a examinarse) contra una evaluación impuesta por la amenaza del despido y con el apoyo de la policía.

A los graves problemas que regularmente la autoridad ha tenido que enfrentar al hacer la evaluación en otros estados, en el caso de Guerrero hay que añadir un factor: el papel de José Luis González de la Vega, el secretario de Educación del estado.

También encargado del despacho durante la administración de Zeferino Torreblanca, González de la Vega –durante años estrecho colaborador de Elba Esther Gordillo– es acérrimo enemigo de la normal rural de Ayotzinapa, y ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como responsable de múltiples irregularidades en el manejo de los recursos presupuestales (goo.gl/Qhg3Op). Su autoritarismo e ineptitud fueron claves en el fracaso del examen del pasado 4 de diciembre.

Pero, más allá de falsos caballos de Troya y torpezas gubernamentales, hay datos duros que muestran el fracaso de la evaluación en Guerrero. Si allí se examinaron sólo 2 mil 77 maestros (varios no escogidos originalmente) de 4 mil 100 notificados, eso significa que hicieron la prueba apenas la mitad de los profesores requeridos. En pocas palabras: la SEP salió reprobada.

Twitter: @lhan55